De momento, fracaso. La iniciativa gubernamental de dar 420 euros mensuales a los parados sin otra cobertura sólo ha conseguido unas 2.000 solicitudes en el plazo de una semana, cuando el grupo de potenciales beneficiarios es de 340.000 personas durante el semestre en el que en principio estará vigente el programa. Medios sindicales y de la oposición explican el poco éxito por el enorme embrollo que ha rodeado la medida: arrancó el pasado lunes con unas condiciones -la principal, haber perdido las ayudas a partir del 1 de agosto- y, dos días más tarde, y a la vista de las unánimes críticas de las centrales y de todos los partidos, el presidente Zapatero anunció su disposición a cambiarlas y retrasar el polémico plazo para así extender la ayuda a más parados. El jefe del Gobierno ligó cualquier decisión a un acuerdo con Comisiones Obreras y UGT, ya que la modificación de la fecha se traduce en un fuerte desembolso económico: ahora se han destinado 642 millones de euros, pero cada mes de ampliación cuesta otros cien. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo en su marcha atrás? Javier Orduña, el director general del Inem, no quiso ayer añadir «nada» a la promesa de Zapatero. Únicamente apostilló que siempre que se aprueba una ley hay que poner límites, lo que provoca «malestar» entre quienes se quedan fuera: «Forma parte de la dinámica del juego administrativo y hay que buscar los máximos consensos posibles». E insistió, como lleva haciéndolo en los últimos días, en que los requisitos para acceder a los 420 euros son «meridianamente claros» y que el «más importante» es el que obliga a los parados a participar en cursos de reciclaje. Representantes del Gobierno y de las dos principales centrales van a reunirse durante esta semana de forma «discreta» para estudiar la situación y ver la posibilidad de ampliar el período de la ayuda. Medios sindicales dijeron que el subsidio es «poco» incluso si se incluye a quienes hayan perdido la prestación desde enero, y abogaron por extenderlo a todas las personas «que agoten la renta de inserción», tras enfatizar que no debe limitarse a seis meses, sino mantenerse durante el tiempo que dure la crisis. En cualquier caso, el cambio llevará tiempo. De hecho, los sindicatos no esperan que la modificación se pueda aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes, porque «hay que hacer muchos cálculos». Sí será público, con luz y taquígrafos, el encuentro que celebrará mañana miércoles la Administración central con las autonomías con el fin de pedirles ayuda para que la iniciativa tenga éxito. Algunas ya han empezado a marcar el territorio. Navarra, controlada por los regionalistas de UPN, considera que lo ideal sería hacer compatibles los 420 euros con la renta básica que se abona en la comunidad foral, algo expresamente prohibido por la legislación en vigor. Las autoridades vascas, por su parte, insisten en que en Euskadi apenas habrá beneficiarios -aunque el Gobierno de Zapatero calcula que serán hasta 10.000-, porque los parados sin cobertura ya disfrutan de una opción más ventajosa y acogerse al nuevo subsidio les haría perder 220 euros al mes. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gabinete de Patxi López recordó ayer esta circunstancia. Para Gemma Zabaleta, aunque «habrá casos puntuales», la aplicación de los 420 euros será «menor» porque «el grado de cobertura y de asistencial social universal general dado por ley es más amplio que en otras comunidades autónomas». Las políticas activas Zabaleta, tras apuntar que en Euskadi la tasa de paro ronda el 10% -cuando a nivel nacional es del 18%- y que 42.000 personas están inmersas en expedientes de regulación, subrayó que su departamento hace un «análisis atento de la situación mes a mes» para que, en el caso de anunciarse cierres, «aportar medidas de carácter extraordinario para mantener el empleo». La consejera agregó que las políticas activas de empleo, que se traspasarán a Euskadi este año, serán «un instrumento fundamental» para «acompañar» a cada parado en la búsqueda de un puesto. Se comprometió a «defender los intereses» del País Vasco a partir de los «umbrales» establecidos por el Parlamento de Vitoria, esto es, los más reivindicativos, saliendo así al paso de las constantes críticas nacionalistas de que se asumirá la competencia en malas condiciones. Los últimos gobiernos del PNV evaluaban la transferencia en 400 millones y la Administración central, en apenas 170.

Fuente: elcorreodigital.com