A la cárcel, ¿qué pasa?

JAVIER DYSART

La tripulación, parte de la marinería y, hasta agregados a bordo, se han enfurecido. Están con los nervios encabritados. Saben que la nave hace aguas a estribor y a babor pero no parece importarles. Tan solo escuchar al oficial Montoro anunciar medidas para estabilizar la embarcación, y todo el personal se ha revolucionado. Les parece brutal, insólito, desproporcionado, incluso impropio de una democracia, que los malos gestores políticos tengan que afrontar responsabilidades penales por derrochar, despilfarrar y malversar nuestro dinero. Algunos incluso se escandalizan y exclaman: ¡qué horror, donde vamos a llegar!

He de confesar mi absoluto apoyo a la conclusión del señor Montoro. Suscribo su reciente anuncio para ordenar el caos presupuestario y el hundimiento económico que ofrecen la gran mayoría de las Comunidades Autónomas. Hay que acabar con las alegrías y derroches que se han venido cometiendo y, lo mejor que se puede hacer para conseguir el objetivo, es la rendición de cuentas y responsabilidades de los gestores ante la justicia. Si en este trámite, que debería producirse de forma automática al menor de los indicios, resultase culpable el político responsable de turno, pues eso, aplíquese la norma y a pagar con su patrimonio.

Lo propuesto por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considero que es justo y razonable. Para que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Transparencia tenga efectos positivos, los gestores públicos tienen que administrar con prudencia, tacto y equidad nuestra economía. Quien incumpla las reglas, sea ministro, presidente autonómico, alcalde o responsable del dinero público, deberá de someterse a los tribunales de justicia. Es una medida tan normal que nadie se debería de escandalizar, como algunos lo hacen, por intentar que se establezca.

La mayoría considera que las responsabilidades se dirimen en el Parlamento y no en los tribunales

Resulta curioso observar que, desde que el señor Montoro lanzó esta propuesta que afecta a todos los colores políticos, tanto la tripulación, como la marinería, polizones a bordo y hasta los enrolados por imperativo legal en el barco España, han reaccionado con espavientos, exabruptos y hasta burlas. La mayoría considera que las responsabilidades se dirimen en el Parlamento y no en los tribunales. Además insisten en que, si la gestión es negativa, “son los propios ciudadanos en las urnas quienes se encargan de sancionar el mal gobierno”. Estos argumentos, lógicamente, emanan de los propios responsables de la cosa. Los que seguimos el naufragio desde tierra, estamos más con la teoría de Montoro.

Se puede afirmar con rotundidad que si el Gobierno de Rajoy consigue hacer prosperar lo anunciado por el ministro de Hacienda para la estabilidad presupuestaria y el control del déficit de los gobiernos central y autonómicos, la sensatez en el gasto retornará, las cuentas volverán a cuadrar y los contribuyentes estaremos exentos de tener que apechar con los derroches, alegrías y despilfarros de nuestros políticos.

Resumen:

Considerando que ningún político está obligado a serlo, y que la decisión de serlo es libre y voluntaria, si al final tienen que penar por el mal gobierno, pues eso, a la cárcel, ¿qué pasa?