Que la abdicación de Juan Carlos I era mas que posible y probable es algo descontado en España por una inmensa mayoría de ciudadanos y por los medios de comunicación y políticos desde hace algunos años. Que nuestra constitución no prevé el procedimiento a seguir y que fija el dictado de una ley orgánica ad hoc es así desde la aprobación de nuestra constitución. Por último, que el gobierno sabía que se iba a producir lo saben desde el pasado mes de Enero por comunicación informal del aún Rey.

Pues bien, pese a todo ello, y en un alarde incomprensible de que son los reyes en el manejo de los tiempos, el gobierno esta cometiendo errores muy graves en el proceso, a saber:

1. No haber promovido con su mayoría absoluta y en la primera parte de su mandato una Ley Orgánica que integrara la Constitución Española fijando de modo definitivo y permanente los trámites a seguir para los casos de abdicación, renuncia, incapacidad, etc. del Jefe del Estado. Hacerlo así, sin la abdicación encima de la mesa, hubiera impedido, de un lado, la apertura del melón sobre el cambio del modelo de estado por el de la república y, de otro, que haya que dictar una Ley Orgánica cada vez que se produzca una abdicación. ¿Y si Felipe VI decide abdicar en unos años y no existe entonces la necesaria mayoría absoluta del parlamento para aprobar la Ley Orgánica que lo permita?

2. La ausencia de aforamiento colará alguna querella o demanda de marcado carácter propagandístico

   No haber promovido y aprobado igualmente al inicio de su mandato la oportuna Ley Orgánica de aforamiento del Rey que abdica. Al hacerlo ahora, permite un período de algunas semanas donde el ya ex Rey Juan Carlos I no es inmune y durante las cuales cualquier juzgado civil o de instrucción de Madrid o la propia Audiencia Nacional puede registrar una demanda o querella criminal frente al mismo interpuesta por un particular o una asociación por presuntos delitos contra la humanidad -imprescriptibles- dimanados, por ejemplo, del tardo-franquismo o del 23-F o, incluso, de declaración de paternidad, de las que ya hay antecedentes. Si bien es verdad que cualquiera de las primeras, por referirse a hechos acaecidos bajo su reinado y con ocasión de su cargo estarían llamadas a no admitirse o a archivarse por razón de la inmunidad o inviolabilidad que le amparaba en sus cuatro décadas de reinado, no puede decirse lo mismo de las causas civiles. Más aún en la España querulante, indignada y judicializada que vivimos. La ausencia de aforamiento colará, a buen seguro, alguna querella o demanda de marcado carácter propagandístico.

Escalofríos me produce que todo un señor registrador -Rajoy, Presidente del Gobierno- una abogada del estado -Saenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno- y un fiscal -Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia- sean capaces de conducir la abdicación del Rey de España de un modo tan improvisado, chapucero y temerario como lo están haciendo.

El gobierno esta cometiendo errores muy graves en el proceso

AscoHastaLaNáusea