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Los abogados de 'los Albertos' testifican en contra de los supuestos autores de la carta falsa

17/09/2009 17:46 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los cuatro abogados de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, que declararon hoy como testigos ante la Audiencia Provincial por el caso de la carta falsa utilizada por los empresarios para evitar la condena por el 'caso Urbanor', descargaron las acusaciones de la autoría de la trama en los hermanos Javier y José María Arnáiz y la documentalista Glória Álvarez, tratando de demostrar que ellos fueron los engañados.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid y abogado de 'los Albertos' en el 'caso Urbanor', Antonio Hernández-Gil, reconoció que en 2001 Álvarez se puso en contacto con él para ofrecerle información "en términos generales" que podría exculpar a sus clientes de las acusaciones de estafa.

"En una de las reuniones mantenidas con ella mencionó que podía haber un documento con la firma del socio de Urbanor Pedro Sentieri en el que se demostraba que conocía la dualidad de los precios" en la venta de los terrenos donde se sitúan las torres KIO, matizó el abogado, quien explicó que el mandato gratuito que le dio a Álvarez para la búsqueda de pruebas "fue idea de ella".

Hernández-Gil explicó que "debió dar cuenta" a Cortina y Alcocer sobre la posibilidad de que existiera un documento de este tipo, pero no que éste estuviera firmado por Sentieri, porque le pareció "un tema muy delicado".

"La sentencia de Urbanor era un enorme problema personal e institucional para 'los Albertos' porque tenían que salir del consejo de administración del Banco Zaragozano", explicó el abogado, en relación a la condena por estafa dictada el 14 de marzo de 2003 por el Tribunal Supremo.

Por su parte, su compañero en la defensa de 'los Albertos' en el 'caso Urbanor', Gonzalo Rodríguez Mourullo, confirmó que recibió un fax que adjuntaba la carta enviada por Álvarez a Hernández-Gil el 18 de marzo de 2003 donde le vuelve a ofrecer la documentación para salvarse de la condena.

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Mourullo negó haber llamado a 'los Albertos' tras recibir dicho fax, así como conocer el contenido del contrato de 27 de marzo de 2003 firmado entre 'los Albertos' y los Arnáiz, en el que los empresarios se comprometían a pagar 4, 5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización por el 'caso Urbanor', en caso de absolución, por la búsqueda de pruebas exculpatorias.

FIRMA DEL CONTRATO POR SEPARADO.

Al respecto de dicho contrato declaró el abogado de 'los Albertos' Eduardo Junco, perteneciente al despacho del letrado, también acusado, Ramón Hermosilla. Junco reconoció que participó en las gestiones previas a la firma del contrato y que estuvo de acuerdo con que las partes lo firmaran por separado porque "no sabía quiénes eran los Arnáiz".

El testigo afirmó que cuando se firmó el contrato "no teníamos ni idea" de qué tipo de pruebas podían aportar los Arnáiz ni que iban a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para hacerlas aparecer. "El contrato viabilizaba la aparición de pruebas y el servicio jurídico que nos ofrecían", apuntó Junco, quien matizó que le "podían haber traído las pruebas a él".

Asimismo, el notario que legitimó el contrato, Manuel Richi, que comparte despacho con el hermano de Alcocer, califió de "habituales" las firmas de contratos con las partes separadas y confirmó que sólo se firmó la segunda hoja del acuerdo.

Por su parte, el abogado de Cortina y Alcocer Manuel Delgado reconoció que fue él quien le sugirió a sus clientes que contrataran al abogado Ignacio Peláez, acusado en la causa, para representarles ante el proceso abierto contra sus socios de Urbanor Pedro Sentieri y Julio San Martín por falso testimonio a raíz de la aparición de la carta.

La carta, que fue utilizada como prueba en el recurso de revisión de la condena ante el Tribunal Supremo, llevaba fecha de 2 de octubre de 2000, y en ella Sentieri le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el 'caso Urbanor' que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO.


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