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Los abogados de Correa y Ulibarri, satisfechos

16/04/2010 13:55 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Los abogados Ignacio Peláez y José Antonio Choclán, que defienden al constructor José Luis Ulibarri y Francisco Correa en el 'caso Gürtel', se mostraron este viernes satisfechos por la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la admisión a trámite de la querella contra el juez Baltasar Garzón por las intervenciones de las comunicaciones entre los imputados y sus letrados en la prisión de Soto del Real.

Los abogados celebraron que la decisión del Alto Tribunal demuestre que funciona el Estado de Derecho y el sistema judicial. "En la fase de instrucción no funcionó y ahora los tribunales superiores lo defienden", aseguró a Europa Press el abogado de Correa, quien reseñó la importancia de esta decisión por su carácter "mediático y político".

El impulsor de esta querella fue Ignacio Peláez, quien consideró que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta con sus abogados en prisión.

Peláez aseguró a Europa Press sentirse satisfecho con la decisión del Supremo de rechazar los argumentos de la Fiscalía en su recurso de súplica contra la admisión a trámite de la querella. "Garzón acordó intervenir las comunicaciones entre los abogados. Con ello, prevaricó y vulneró el secreto de las comunicaciones", aseveró el letrado.

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A Peláez le resultó "increíble" las graves afirmaciones que durante estos días se están lanzando contra los magistrados del Supremo con motivo de las causas abiertas contra Garzón. Además, criticó que la Fiscalía no tome medidas de oficio para actuar contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Por su parte, Choclán afirmó que la admisión a trámite de la querella no debió ser recurrida por la Fiscalía, puesto que la resolución estaba fundamentada. "La Fiscalía por omisión u acción intervino en esta actuación ilícita", reseñó el letrado, quien insistió en que la intervención de comunicaciones lesionó un derecho de los letrados y sus clientes.

"Los magistrados deberán ahora determinar si esa lesión ha sido consciente, es decir, si habría prevaricación dolosa o imprudente, y determinar si esa lesión constituye un delito contra las garantías constitucionales. La parte objetiva del delito está determinada, pero hay que conocer si hay alcance penal", señaló.


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