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Los administradores tendrán que responder con su propio patrimonio

13/07/2015 13:00 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Con el fin de la prórroga del Real Decreto-Ley 10/2008, desde ahora los administradores de sociedades podrán tener que responder con patrimonio propio

En el año 2008, el Gobierno de Zapatero publicó el Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptaron medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias.

Este Decreto, que salvaguardaba el patrimonio privado de los administradores de aquellas empresas que tuviesen dificultades económicas, se fue prorrogando durante los años de la crisis… Hasta este mismo año. No es que hayamos salido del todo de la crisis –aunque esta afirmación variará de unos a otros- pero sí parece quedar claro que lo peor ya ha pasado. Por ello, desde Moncloa han decidido poner fin a este régimen extraordinario que introdujo un régimen de excepción a las obligaciones de reducción obligatoria de capital por pérdidas y de disolución por pérdidas graves y que, tras pasar por tres prórrogas (2012, 2013 y 2014), llevaba 7 años en vigor.

Pero, ¿qué implicaba el Decreto?

A partir de la publicación de esta normativa, se creaba una excepción a la obligación general: todas aquellas sociedades que contasen con un patrimonio neto inferior a dos tercios del capital social (en las S.A.) o inferior a la mitad del capital social (tanto S.A. como S.L.) debido a pérdidas originadas por las inversiones inmobiliarias o por el deterioro causado por el inmovilizado material, se verían libres de la obligación marcada por ley de reducción de capital en los casos en los que no se recuperase el patrimonio en un ejercicio económico (en el primer caso), y no estarían sujetas a causa de disolución por pérdidas graves (en el segundo caso).

Y, al no estar sujetas la sociedad a estas obligaciones, los administradores por su parte se veían libres de promover o bien la disolución, o bien la recapitalización de la sociedad.

Ahora, los administradores deberán analizar a situación patrimonial de la empresa y llevar a cabo las acciones necesarias para evitar cualquier responsabilidad patrimonial solidaria

Las prórrogas

La primera prórroga, la de 2012, ampliaba el ámbito de actuación, pues permitía que no se computasen tampoco las pérdidas por deterioro que se reconociesen en las cuentas anuales “respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley Concursal”. Por su parte, la última de ellas, la de 2014, añadió a su vez un nuevo supuesto de deterioro que podía excluirse también del cómputo de pérdidas: aquellos que proviniesen de “préstamos y partidas a cobrar”.

¿Qué pasaba antes?

La situación era bien distinta antes de la publicación de este Decreto, pues los administradores tenían un plazo de dos meses desde la causa de disolución para convocar la junta general y disolver la sociedad o, en caso de que el acuerdo de la junta fuese contrario o simplemente no pudiese ser logrado, solicitar la disolución judicial.

¿Qué pasará ahora?

Ahora, tras la decisión del Ejecutivo de no prorrogar este Decreto, la situación volverá a la que se vivía en los ‘tiempos de antes de la crisis’, por lo que los administradores deberán ponerse manos a la obra para analizar minuciosamente la situación patrimonial de la empresa y llevar a cabo las acciones necesarias para adecuarse a la ley mercantil y evitar cualquier responsabilidad patrimonial solidaria. En particular, deberán además preocuparse por determinar la fecha en la que se conoció la anomalía patrimonial, para así saber de cuánto tiempo disponen para la convocatoria de la junta general. Porque, en caso de sobrepasar los dos meses marcados por la ley, podrían incurrir en dicha responsabilidad.

Si deseas más información sobre este asunto, desde Euriux Abogados te ofecemos nuestro asesoramiento profesional.


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Euriux Abogados (18 noticias)
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