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'Los Albertos' retiran su demanda contra el Estado al que reclamaban 4, 6 millones por el 'caso Urbanor'

21/10/2009 22:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Alberto Cortina y Alberto Alcocer presentarán mañana ante el Ministerio de Justicia un escrito para solicitar la retirada de su demanda presentada contra el Estado al que reclamaban una indemnización de 4, 64 millones de euros por los daños provocados por su condena y posterior absolución en el 'caso Urbanor', según un comunicado enviado por sus representantes.

Lo empresarios tomaron hoy esta decisión después de conocer el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que concluye que los hechos denunciados no constituyeron una mala actuación de la Justicia.

El CGPJ desestimó la presunción de anormal funcionamiento de la Justicia, aunque sí admitió la posibilidad de error judicial. En consecuencia, los dos empresarios renuncian tanto a que se prenuncie el Ministerio de Justicia, que podría llegar a admitirla pese a ese informe, como a la posterior vía contencioso-administrativa, a la que en caso de denegación tendrían derecho.

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Los abogados de Alcocer y Cortina consideran que la reclamación económica estaba bien fundamentada como consecuencia de los daños económicos sufridos. Pero los dos empresarios entienden que la situación económica general y la de las finanzas del Estado en particulares aconsejan su renuncia a pesar de los graves perjuicios económicos y morales sufridos por este caso durante los últimos 15 años, según informaron en un comunicado.

'Los Albertos' presentaron el pasado 25 de junio, día en el que finalizaba el plazo dlegal de un año, una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por los "daños morales e injustos" provocados por el "anormal funcionamiento" de la Justicia en 'caso Urbanor' en el que pedía 2, 2 millones de euros para Alcocer y 2, 3 euros para Cortina.

El Tribunal Supremo les condenó a tres años y cuatro meses de cárcel el 14 de marzo de 2003 por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia el 20 de febrero de 2008 al aceptar la prescripción de los delitos.


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