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El alcalde de Lugo debería dimitir y los poderes legislativo y judicial, abrir los ojos...

17/11/2012 23:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image Busto del filósofo cretense

Epiménides, que viene a cuento

por la paradoja que planteó

( pulse aquí y lea, vale la pena ) Un mes antes de las recientes elecciones autonómicas gallegas del 21-O, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, María del Pilar de Lara Cifuentes , ordenó detener al alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG-PSOE), al decidir imputarle delitos porque había sido señalado por uno de los integrantes de una presunta trama de corrupción cuyo eje es la empresa Vendex . Fue el estallido electoral de la llamada Operación Pokemon y el definitivo lanzamiento al estrellato judicial de una juez cuyo esposo forma parte de la dirección lucense del PP. Hoy, la misma juez ha emplazado a declarar en calidad de imputado en el mismo expediente [la llamada operación Pokemon] al alcalde de Lugo, el socialdemócrata López Orozco .

Aparte de avatares jurídicos y judiciales, inmediatamente después de que fuera difundida la noticia lo más llamativo del episodio desde un punto de vista político es, primero, la presunta implicación del alcalde en uno o varios delitos y, segundo, que los socios de gobierno del regidor, los ediles del BNG, hayan sido más rápidos que los de la oposición a la hora de exigir que su aliado dimita... Al margen de que los nacionalistas hayan decidido erigirse en el más eficiente pelotón de dimisión , el alcalde de Lugo --al igual que hizo el de Ourense-- debería abandonar el cargo . Políticamente, es absurdo que López Orozco responda a la imputación alegando que «non dimito para non darlle gusto aos que llo piden» . Desde un punto de vista político, el orensano Francisco Rodríguez y ahora el lucense López Orozco, así como otros cargos públicos que han vivido situaciones similares [sean del partido que sean] , deberían dimitir ipso facto, esto debería ser automático, pero al mismo tiempo deberían renunciar a declaraciones altisonantes y abrir de una puñetera vez un debate riguroso sobre la conveniencia democrática de que un electo sea empujado a la dimisión a causa de la declaración verbal de un imputado que no está apoyada con pruebas documentales o de otro tipo . Además, cuando el expediente judicial ha ganado peso o una vez dictada sentencia, si el imputado ha resultado ser víctima de la precipitación de un juez -- ¡como ha ocurrido tantas veces ! --, el Consejo General del Poder Judicial debería de tomar cartas en el asunto y poner coto a una dinámica que sólo sirve para deslegitimar las instituciones --en beneficio de todos sabemos qué y de quiénes... Así las cosas, mientras los poderes legislativo y judicial sigan cerrando los ojos, se da la paradoja de que electos imputados con pruebas documentales y/o físicas siguen ostentando cargos públicos y otros se han visto obligados a dimitir porque un dorribo de la vida los ha señalado verbalmente sin sostén probatorio alguno. Sea como fuere, si un juez imputa de un delito a un cargo electo, este debería dimitir . Pero si resulta que la imputación fue precipitada o infundada, el juez de bería ser sancionado o cesado de sus funciones, respectivamente. Mientras no exista esa equivalencia, la Administración de justicia seguirá bajo sospecha, el Estado democrático de Derecho seguirá debilitándose, el espectáculo estará garantizado y la insidia será norma.


Sobre esta noticia

Autor:
Impulso (646 noticias)
Fuente:
im-pulso.blogspot.com
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Tipo:
Reportaje
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