La alcaldesa de Alicante podría ser la 'Sonia' que pagó en negro a la ‘Gürtel’ por actos del PP

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha sido identificada en un informe policial sobre la presunta financiación irregular del PP a través de la 'trama Gürtel' como la 'Sonia' que entregó 24.000 euros en dinero negro para pagar la deuda del partido con la empresa Orange Market por la organización de las campañas electorales de 2007. Artículos relacionados

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Según desvela el diario Público, el informe señala también al expresidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del partido, Carlos Fabra, identificado en los documentos incautados a la trama Gürtel como "el Tuerto". De acuerdo con esa información, Fabra se había comprometido a reducir la deuda del PP con Orange Market, que ascendía a 90.000 euros.

El PP pudo ocultar 2, 5 millones al fisco

De acuerdo con el sumario del caso Gürtel, el PP pudo ocultar a Hacienda 2, 5 millones en 2007 con ayuda de los cabecillas de la Gürtel, que obtuvo de la Generalitat y sus empresas públicas 14 millones en contratos.

Empresarios que financiaban presuntamente al PP

El sumario también indica que empresarios afines al PP, y beneficiados por la Generalitat con adjudicaciones, pagaban la deuda del partido con Orange Market, la empresa de la trama corrupta en Valencia. La investigación apunta a cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y delito electoral (financiación ilegal).

‘Alicante Sonia’

Uno de los apuntes descubiertos por la Policía en la documentación de la trama, fechado el 26 de septiembre de 2007, constata que "Alicante Sonia" abonó la cantidad de 24.000 euros. El pago está relacionado con una serie de actos bajo el epígrafe común ‘Alicante’. Los investigadores creen que se trata de la alcaldesa y diputada autonómica.

Castedo está implicada en el caso Brugal

El nombre de la alcaldesa de Alicante ya aparece relacionado con otra trama de corrupción que afecta al PP valenciano, el caso Brugal. Según la investigación, Castedo benefició presuntamente al empresario Enrique Ortiz, actualmente imputado, con el Plan General de Ordenación Urbana. A su vez, la política valenciana habría recibido una serie de contraprestaciones.