La alcaldesa de El Provencio, Manoli Galiano, aprovechó ayer la visita del consejero de Hacienda a una empresa de esta localidad para pedir a la Junta que pague los cerca de 900.000 euros que aún debe a este ayuntamiento y que son fundamentales para mantener los servicios básicos. Galiano denunció que esta situación está llevando a la asfixia a muchos ayuntamientos y pidió al consejero la puesta en marcha de un calendario de pagos. Éste por su parte se remitió en todo momento al plan de pago a los ayuntamientos que, según dijo, estará listo a finales de este año.

Galiano destacó el esfuerzo que El Provencio está haciendo para no suprimir ningún servicio básico, aunque reconoció que esta situación ha obligado al Ayuntamiento a subir las cuotas de algunos de estos servicios, como la guardería municipal, o a prescindir temporalmente de la figura del guarda rural, que este año tampoco cuenta con subvención de la consejería de Agricultura. Según Galiano, el pago inicial de entre un 40 y un 50 por ciento de la deuda permitiría recuperar esta figura, bajar las cuotas de la guardería y poner en marcha un plan de empleo local dotado con 120.000 euros para jóvenes en paro y familias sin recursos.

Galiano asegura que las soluciones ofrecidas hasta ahora, como el plan de pago a proveedores, conllevan una serie de contrapartidas financieras que endeudan aún más a los ayuntamientos. La alcaldesa se quejó además del "sectarismo" con el que afirma la Junta está actuando en este asunto, ya que –asegura- hay ayuntamientos del PP a los que sí se les está abonando esta deuda y en cantidades mucho mayores. Un trato "discriminatorio" que cree puede ser anticonstitucional y que acaba afectando a los habitantes de ese municipio por el solo hecho de haber votado a un partido distinto al que gobierna en Toledo.