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AMP.Consell valenciano dice que la operación "sobredimensionada" en Alicante supone una "quiebra del Estado de Derecho"

09/07/2010 15:31 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha calificado este viernes la operación policial llevada a cabo en Alicante, en el desarrollo del llamado 'caso Brugal', de "espectáculo sobredimensionado", "esperpento" y "gran teatro" y ha manifestado que supone "un gran atentado y una gran quiebra de nuestro Estado de Derecho".

Sánchez de León también ha lamentado que las personas afectadas hayan pagado "ya la pena del telediario, la pena mediática", antes de tener una "condena judicial", algo que, a su juicio, "merece una reflexión de toda la sociedad".

La portavoz del Consell se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Ejecutivo autonómico.

La responsable del Gobierno valenciano ha insistido en pedir explicaciones al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre "todas las incógnitas y zonas oscuras" del operativo desarrollado y si la actuación "ha sido o no proporcionada" porque hay "indicios o apariencia de desproporción".

También ha reclamado "respeto a las personas, a las instituciones, a los procedimientos y, en general, a la justicia y al Estado de Derecho", al tiempo que ha lamentado que en estos días "hayamos vuelto a asistir a un espectáculo y a un esperpento en el que las actuaciones de la justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han convertido otra vez en un gran teatro, en un gran espectáculo retransmitido en directo y en el que en ningún momento ha prevalecido la integridad moral y el honor de las personas afectadas".

"Hemos vuelto a asistir a una ceremonia de la confusión en la que los ciudadanos han tenido que oír hablar de detenidos, que luego nuncan han existido, no hay detenidos en este caso; de incautación de dinero, que tampoco ha existido, sólamente ha existido en los titulares, o de fianzas millonarias que luego no se han impuesto", ha aseverado Sánchez de León, quien ha remarcado que esto "supone un gran atentado y una gran quiebra de nuestro Estado de Derecho".

En este sentido, se ha referido también a los casos de los ex alcaldes de Orihuela (Alicante) José Manuel Medina y de Alicante Luis Díaz Alperi, que fueron archivados "después de ocupar hojas y hojas, titulares y titulares y ríos de tinta, por el mismo fiscal que está actuando en este caso".

QUE RUBALCABA EXPLIQUE LAS "ZONAS OSCURAS"

Ha resaltado que con el Gobierno socialista "ha primado el paro" y "una debilitación absoluta del Estado de Derecho, como estamos viendo en estos momentos", y, por ello, ha reiterado que los ciudadanos "merecemos una explicación" del ministro del Interior de "todas las incógnitas y zonas oscuras que se han producido" y que apuntan "siempre a una misma dirección", contra cargos del PP, ha dicho, pero no se da "este gran teatro" en otros casos como los que afectan al presidente del Congreso, José Bono, o al vicepresidente Manuel Chaves.

En este sentido, Sánchez de León ha demandado explicaciones sobre si "el despliegue de medios personales ha sido proporcionado", si "toda esa policía va a seguir actuando para garantizar" la seguridad ciudadana en verano y si el Gobierno va a equiparar los medios que destina a la seguridad en la Comunidad a la media nacional, "ya que somos los penúltimos en la ratio de policía por habitante".

Preguntada también sobre la coincidencia en la Comunidad del caso 'Brugal' con los denominados casos 'Fabra' y 'Gürtel', ha afirmado que todos ellos están 'sub iúdice' y ha remarco que el sistema legal español tiene como uno de sus ejes fundamentales la presunción de inocencia. "Igual que desde el Consell siempre hemos respetado las decisiones judiciales, todo el mundo merece ese mismo respeto y al principio básico de la presunción de inocencia", ha apostillado.

Inquirida sobre si esta defensa del derecho a la presunción de inocencia podría ser contradictoria con el hecho de que el código ético del PP recoja que todo cargo público imputado debe demitir, ha señalado que esta cuestión "compete al PP, que tiene que tomar sus decisiones, valorarlas y dimensionarlas de acuerdo con la importancia de cada caso".


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