El embajador de Andorra en Estados Unidos, Narciso Casal, y el fiscal general auxiliar adjunto del Gobierno de Estados Unidos, Kenneth Blanco, han firmado este jueves en Washington el acuerdo bilateral relativo al reparto de los decomisos de los instrumentos y productos de los delitos.

Completaban la delegación del Departamento de Justicia Jason E. Carter y Jack De Kluiver, de la División Criminal, y Marlee Engel, de la Oficina de Asuntos Internacionales. Se trata del primer acuerdo de esta naturaleza suscrito por Andorra.

Diversos convenios internacionales, los cuales Andorra es parte, como el Convenio de Viena de 1988 (tráfico de estupefacientes) y más recientemente el Convenio de Palermo de 2000 (delincuencia organizada), instan a los estados a cooperar en materia judicial, especialmente mediante la firma de acuerdos relativos al reparto de los productos incautados que den preferencia a los derechos de las víctimas.

El acuerdo firmado jueves está basado en el modelo aprobado por las Naciones Unidas en el año 2005 (Resolución 2005/14 del ECOSOC, de 22 de julio de 2005) y se adapta a la legislación de la UE (Decisión Marco 2006/783/JHA, de 6 de octubre de 2006) en el sentido de que las personas identificadas como víctimas de la conducta delictiva subyacente al decomiso deben tener siempre prioridad frente al reparto de los activos entre los estados implicados en la investigación criminal.

El acuerdo se inscribe en la voluntad de intensificar las relaciones bilaterales, una voluntad que ya se puso de relieve con la firma del convenio bilateral relativo al incremento del intercambio de información policial y de seguridad en el marco del programa Visa Waiver (VWP), por el cual los turistas andorranos no necesitan pedir visado a los Estados Unidos para estancias inferiores a tres meses.

Con la firma de este acuerdo bilateral, Andorra da un paso más en la lucha contra el crimen organizado y el producto de sus delitos con el objetivo de consolidar internacionalmente la posición del Principado como estado cooperando en todos los ámbitos donde se desarrollen las conductas criminales. Esta voluntad se ha materializado a través de los años con la firma de varios convenios internacionales y, en especial, el Convenio del Consejo de Europa de 1990 relativo al blanqueo, al descubrimiento, al embargo ya la confiscación de los productos del crimen, del cual Andorra es parte desde el 1 de noviembre de 1999.

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