Un año de cárcel para un productor de porno por estafar a telespectadores

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al productor de la industria del porno Ignacio A.F., conocido como 'Torbe', y a Paula S.G. por estafar a los telespectadores de una cadena de televisión privada a través de las llamadas telefónicas al programa 'La Hora de oro', que se emitía en 2006.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados consideran a 'Torbe' y a la otra acusada autores de un delito continuado de estafa, con la atenuante de dilaciones indebidas. La Fiscalía de Madrid solicitaba para ellos una pena de tres años de prisión por seis personas que decidieron llevar a juicio los hechos.

Según la resolución, los acusados orquestaron un método para la obtención de una ganancia ilícita en el programa de televisión denominado 'La Hora de Oro'. El fallo deja claro que este espacio se emitía con plena independencia de la productora y sin intervención de la cadena privada que lo emitía.

En dicho programa los telespectadores tenían que acertar una serie de respuestas que figuraban en la pantalla, debiendo llamar a un número de teléfono para poder cobrar el premio.

Según el fiscal, dicho número telefónico corresponde a la entidad World Premium Rates S. A., una empresa dedicada a la comercialización de números de teléfono con tarificación adicional.

A los telespectadores que llamaban a ese número de teléfono para consignar las respuestas acertadas se les exigía, mediante una locución grabada, llamar a otro número para obtener el premio. Este segundo teléfono pertenecía a la sociedad mercantil Ekeace, cuyo representante legal es Ignacio A.F.

TARIFICACIÓN ADICIONAL

Una vez las víctimas de la estafa llamaban a ese segundo teléfono se les remitía a un tercero, también de tarificación adicional, con un precio en esta ocasión de 1, 09 euros por minuto y cuya gestión y cobro de beneficios corresponde a la entidad 'Grande Amigos S. L.', cuya representante legal es Paola S. G.

Una vez realizaban la tercera llamada, las víctimas eran atendidas por personas físicas cuyas identidades se desconocen y cuyo objetivo era hacer creer a los participantes del concurso que efectivamente habían ganado un premio y que se lo estaban gestionando.

Según el fallo, los espectadores que creían haber acertado las preguntas eran atendidos por diferentes personas, quienes trataban de prolongar al máximo la duración de la llamada.