El Hostal dos Reis Católicos de Santiago acogió esta tarde la presentación en Galicia del Documento Sitges 2009, una nueva reedición del texto elaborado en 2005 con el objetivo de defender al enfermo de demencia en cualquier situación. La apertura del acto, organizado por la Fundación La Rosaleda con el patrocinio de Lundbeck España, corrió a cargo de corrió a cargo de Susana López Abella, secretaria xeral de Benestar de la Xunta de Galicia, quien recordó la alta incidencia de casos de demencias neurodegenerativas que hay en nuestra comunidad debido al envejecimiento poblacional. “Cada año se diagnostican 9.000 nuevos casos y actualmente el número de afectados es de aproximadamente 45.000 personas. Si a estas cifras le sumamos que el 70% de las incapacitaciones que se tramitan en nuestro país son de personas con algún tipo de demencia, parece obvio, que resulta imprescindible regular adecuadamente estos procesos”.

El Dr. Alfredo Robles, uno de los coordinadores y redactores del texto, explicó el fundamento del Documento Sitges, destinado a “analizar la capacidad del enfermo de demencia para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida de estos pacientes con el fin de preservar su autonomía el mayor tiempo posible”.

Para respetar al máximo el principio de autonomía de las personas con presunta incapacidad, sería necesario evaluar las condiciones físicas, neurológicas y psicológicas involucradas en la toma de la decisión específica que debe tomarse. Así, en el ámbito de las funciones neurológicas, el Documento propone el uso de una “escala unificada de valoración fácilmente comprensible para todos los profesionales de los ámbitos sanitario y jurídico, así como unas sencillas tablas para interpretar los resultados”, anunció el doctor.

Sobre los aspectos jurídicos de la incapacitación habló otra de las redactoras del texto, la abogada Anna Rovira, quien abogó por dictar incapacidades a medida según la competencia del enfermo en un momento dado. “Cuando el enfermo no esté capacitado para tomar la decisión, se le nombrará un representante, el cual podría haber sido ya sugerido por el propio sujeto en los procedimientos de autotutela, a través de poderes preventivos o del documento de instrucciones anticipadas. En las decisiones sin trascendencia actúa el guarda de hecho”, figura para la que se reclama en el Documento Sitges un mayor reconocimiento legislativo.

La secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella, recordó la alta incidencia de demencias neurodegenerativas que hay en Galicia

Promovido por el Grupo de Trastornos Cognitivos y de la Conducta de la Sociedad Española de Neurología, en colaboración con diversos expertos (abogados, notarios, magistrados, neurólogos y especialistas en bioética) y con el patrocinio de Lundbeck España, “la aplicación del procedimiento de evaluación propuesto en el Documento Sitges garantizará los derechos de las personas que sufren deterioro intelectual, muchos de los cuales experimentan una gran vulnerabilidad”, aseguró el doctor.

Debate

Enmarcado en la presentación, ocho profesionales de distintos ámbitos relacionados con el enfermo de demencia debatieron sobre el tema, actuando como moderador Fernando Quinzá (asesor jurídico de la Fundación tutelar gallega para personas con discapacidad intelectual Sálvora. Además de los tres ponentes, Susana López Abella, Alfredo Robles y Anna Rovira, intervinieron en el coloquio Luis Ángel Fernández Barrio (magistrado del juzgado contencioso-administrativo de Vigo, colaborador del departamento de Derecho privado de la Universidad de Vigo y patrono de la Fundación Tutelar Camiño do Miño), María del Carmen García Mahía (psiquiatra del CHUAC y profesora asociada de Medicina de la USC), Fernando Veiga (jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Xeral-Calde de Lugo y vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría) y el notario Manuel Vidal Pereiro.

Todos ellos expusieron la necesidad de llevar a la práctica los criterios expuestos con el fin de adoptar la decisión adecuada respetando al máximo los derechos de unos enfermos que en Galicia casi alcanzan los 45.000, más del 1, 5% de la población, y que en los próximos 20 años serán el doble.