Los 27 aprobarán acelerar publicación de la lista de pasajeros en caso de accidente aéreo, como pedía España

Los ministros de Transporte de los Veintisiete aprobarán previsiblemente el próximo jueves una nueva norma para mejorar la investigación de los accidentes aéreos, una de cuyas principales novedades es que obligará a las compañías aéreas a acelerar la publicación de la lista de pasajeros en caso de siniestro.

El reglamento responde a la petición realizada por España tras el accidente aéreo de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 20 de agosto de 2008, en el que murieron 154 personas. El Gobierno quiere evitar así que se repita el retraso en publicar la lista de pasajeros que ocurrió en este siniestro.

Los ministros de Transporte todavía deben pactar el jueves el plazo que se dará a las compañías aéreas para entregar a las autoridades competentes una lista de todas las personas que se encontraban a bordo del avión. Las opciones que se debaten son dos: o bien una hora o bien dos horas tras la notificación de un accidente, según informaron fuentes diplomáticas. La lista no se publicará hasta que todos los familiares no hayan sido informados, y los Estados miembros pueden decidir mantenerla confidencial.

El nuevo reglamento creará una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil, que coordinará y consolidará la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y llevará a cabo tareas como la coordinación de las actividades de formación o el reparto de los recursos de investigación disponibles en la UE.

Los Veintisiete tienen que acordar todavía cuál será el papel exacto de la AESA en esta red porque algunos países no quieren que interfiera en competencias de seguridad exclusivas de los Estados miembros. El otro punto pendiente de pactar entre los ministros de Transporte es cómo garantizar que no haya solapamientos entre las investigaciones civiles de esta red y las investigaciones judiciales de los accidentes.

La norma persigue reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad. Establecerá la obligatoriedad de evaluar cada recomendación resultante de una investigación y de actuar en consecuencia si está justificado. También se propone la creación de una base de datos europea de recomendaciones de seguridad.

El reglamento afianzará también los derechos de las víctimas de accidentes aéreos mediante normas comunes que requerirán la prestación de ayuda rápida y organizada en caso de accidente. Se garantizará a las víctimas y a sus familias el derecho a una información fidedigna sobre el curso de la investigación.