La Audiencia Nacional permitirá a Correa salir de la cárcel si paga un millón de euros

La Audiencia Nacional ha ordenado hoy prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para el presunto cabecilla del 'caso Gürtel', Francisco Correa, que se encuentra en la cárcel desde hace casi tres años. Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que ha estimado parcialmente el recurso de apelación de Correa quien, en caso de que abone dicha cantidad, debería comparecer diariamente en comisaría, y no podría abandonar España, para lo que se le retiraría el pasaporte. Artículos relacionados

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La sala, compuesta por la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, argumenta que el posible juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en prisión, por lo que no ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga.

‘Guste o no guste’

‘Debemos precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de febrero de 2013, día en que el inculpado obtendría su libertad provisional por imperio de la ley y sin fianza pecuniaria de tipo alguno’, recalca.

Anulación de la anterior fianza

En el auto, los magistrados recuerdan que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en septiembre de 2011 la fianza de 15 millones de euros que le había fijado el instructor del caso, Antonio Pedreira, para poder ser excarcelado, y le sugirió que le impusiera medidas telemáticas. Sin embargo, el magistrado confirmó la medida de prisión provisional y descartó el control telemático al considerar que no ofrecía garantías plenas para evitar dicho riesgo, según un informe policial.

Críticas a Pedreira

En su auto de hoy, la Audiencia Nacional se permite criticar decisiones como la tomada por Pedreira, por lo que el tribunal reprocha que otros jueces zanjaran las peticiones de Correa ‘utilizando vericuetos de escaso alcance jurídico’.

Asumir el riesgo de fuga

La juez Murillo, ponente de la resolución, asegura: ‘Las personas que tienen que asumir el riesgo de fuga de cualquier individuo privado de libertad (…) somos las que encarnamos el Poder Judicial, y en concreto, aquella o aquellas que acuerden tal cambio de situación’. Por eso, la magistrada destaca que esas personas son ‘las que deben soportar la ‘carga’ del riesgo de fuga intentando minorizarla al máximo’.