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La Audiencia Provincial de Pontevedra juzga a ocho personas acusadas de explotación sexual en locales de alterne

22/09/2009 17:15 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Audiencia Provincial de Pontevedra inició hoy el juicio contra ocho personas, seis hombres y dos mujeres, procesados en 2006 tras la denominada operación 'Mami' contra la explotación sexual en clubes de alterne.

Arsenio J.C, Marcelino G.B. y Amandio D. B. son los principales imputados como socios de sendas sociedades creadas para gestionar los clubes 'Tris-Tras' de Silleda (Pontevedra) y 'Lewinski' de A Baña (A Coruña), si bien de los testimonios aportados en la primera sesión del juicio señalaron que "básicamente era Arsenio quien se ocupaba de todo".

Así, los agentes de la Guardia Civil que realizaron las escuchas telefónicas, la principal prueba en el juicio, destacaron que "Arsenio llamaba casi todas las noches, preguntando cuántas chicas había trabajando y qué número de pases hacía cada una", lo que el acusado reconoció pero negó que fuera para hacerse una idea de cuánto llevaba ganado esa noche.

Según aseguró, los dueños del club solo se quedaban el "beneficio de las copas", mientras que "lo que las chicas cobraban a los clientes era íntegramente para ellas". El Fiscal preguntó entonces porqué se llevaba un estricto control de los "pases" que hacían las chicas, y no eran ellas las que directamente cobraban a los clientes, a lo que respondió que como las chicas se robaban entre ellas les guardaban el dinero por "precaución", en una "recepción" que funcionaba como un "banco".

OTROS IMPUTADOS

"Al final de la noche se daba a cada chica el dinero que había ganado" aseguraron tanto los principales encausados como los restantes, dos mujeres y un hombre que realizaban las funciones de control y servían copas, un taxista que se ocupaba de trasladar a las chicas desde el aeropuerto y un subinspector de trabajo destinado en Vigo que presuntamente colaboró asesorando en los procesos de regularización y extranjería, ya que la mayoría de las chicas eran sudamericanas y se encontraban en España en situación irregular.

Los procesados insistieron en que en sus clubes "nadie se quejaba y todas las chicas estaban contentas con el trato", negando de este modo la acusación de que existía un régimen de "explotación sexual", bajo estrictas normas como cobrar a las chicas un "impuesto revolucionario" por no ir a trabajar.

Inicialmente Fiscalía formuló acusación por los delitos de tráfico ilegal de personas para su explotación sexual, prostitución y cohecho.


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