Aumentan denuncias por bloqueo de señal telefónica durante protesta

Abogados y opositores sumaron hoy más denuncias en contra del gobierno por la orden de la Presidencia de Panamá para bloquear la señal de telefonía celular la semana pasada durante las protestas indígenas. La petición de suspender el servicio entre las comunidades de Vigui y Horconcitos, en una franja de 80 kilómetros, en el occidente de Panamá, fue emitida por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por instrucción del Consejo de Seguridad de la Presidencia. El bloqueo de señal ordenado a las cuatro operadoras se ordenó desde el viernes y fue levantado como parte del acuerdo del gobierno y los indígenas para poner el martes pasado fin a una semana de protestas en contra de minas e hidroeléctricas en la comarca indígena. Según la resolución de la ASEP divulgada este jueves, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Julio Moltó, alegó “asuntos de seguridad nacional” para pedir la suspensión de las comunicaciones telefónicas. Ante la molestia entre los indígenas, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo que la medida se adoptó ante la información de presuntos actos de sabotaje contra las torres de telecomunicaciones. Los abogados del sector jurídico del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron el jueves ante la Procuraduría una denuncia penal por el “apagón” telefónico en la comarca indígena en contra de funcionarios del gobierno. “Los únicos que pueden suspender las garantías fundamentales es el Consejo de Gabinete en Pleno, el presidente de la República y en cierta forma el Órgano Legislativo, y eso no se dio y queremos que se investigue”, dijo el abogado del PRD, Antonio Bustamante. La acusación se suma a la del opositor Partido Popular (PP) contra el presidente panameño, Ricardo Martinelli por la supuesta violación de garantías fundamentales y contra la ASEP un recurso de inconstitucionalidad. En coincidencia con Bustamante, el dirigente del PP, Miltón Henríquez –hermano del canciller Roberto Henríquez-, dijo que solo un Consejo de Gabinete puede restringir las garantías individuales pero nunca el Consejo de Seguridad ni la ASEP. Henríquez consideró el hecho como un “precedente nefasto” por la posibilidad de que en un futuro, en situaciones similares se ordene a los canales de televisión suspender la transmisión de sus noticiarios. De manera independiente el abogado Florencio Barba Hart acusó a Mulino y a “los que resulten responsables del presunto delito contra la libertad de comunicación” por el bloqueo telefónico.