Aumentó 375 por ciento criminalidad en gobierno de Alan García

La criminalidad en Perú aumentó un 375 por ciento durante el gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), reveló hoy un informe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional. Los datos se obtuvieron a partir de las denuncias presentadas por la población durante la administración del ex jefe de Estado, a quien el Congreso comenzará a investigar por supuestos actos de corrupción. Frente a la incertidumbre que viven los peruanos, el nuevo jefe de Estado, Ollanta Humala, decidió conformar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual estará liderado por él y comenzará a funcionar el próximo 18 de agosto. La Dirincri, que se dedica a resolver casos de secuestros y robos, recibió un total de 129 mil 263 denuncias durante el gobierno de García, muchas de las cuales no han sido investigadas por falta de personal policial. La situación actual de criminalidad en este país sudamericano, según las autoridades peruanas, se debe a una política errada de seguridad del gobierno de García. El experto en seguridad, Alberto Jordán, aseveró por su parte al Diario 16 que los planes policiales llamados “Telaraña”, “Distritalización” y “Patrullero de mi barrio” fracasaron “estrepitosamente” en los últimos años. Jordán dijo que en los dos últimos años la Policía Nacional no tuvo una especialización ni capacitación en sus diferentes unidades, tras lo cual acotó que “no hay una policía de investigación criminal fortalecida ni patrullaje especializado”. El presidente del Instituto Reforma y Democracia, Javier Espinoza, señaló por su parte que en Lima existen al menos 39 zonas críticas identificadas donde día y noche venden drogas, pero no se hace nada por revertir esta situación. “La policía conoce muy bien los lugares donde venden drogas, donde se esconden y venden productos robados y se falsifican documentos, pero poco hace por revertir la situación”, recalcó Espinoza. Propuso la presentación de una iniciativa legislativa que busque modificar la actual norma sancionadora a fin de endurecer las penas a los policías que cometen faltas graves y muy graves. “Actualmente la ley es muy permisiva, al punto que permite que los efectivos que delinquen (en robos y narcotráfico) puedan volver a las filas de la institución”, subrayó.