Las autonomías suscriben una declaración contra la violencia machista

La Conferencia de Presidentes que se celebra en el Senado se saldó este lunes con un acuerdo en materia de violencia de género, con la aprobación por unanimidad de la Declaración institucional propuesta por el Gobierno que compromete a las administraciones públicas a intensificar la colaboración y destinar "los recursos necesarios" a la lucha contra esta lacra social, según informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

La Declaración define la violencia machista como "uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales de las mujeres", que "amenaza sus derechos y sus vidas en todo el mundo" y que lejos de ser un "problema individual" es un "problema social y político cuya solución sólo es posible uniendo los esfuerzos de todas las administraciones públicas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto".

En este sentido, reconoce el "compromiso claro" de los gobiernos autonómicos en la erradicación de esta lacra social y defiende la "posición común e inquebrantable" de todos los poderes públicos en torno a la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, aunque apunta que pese a "todo el terreno conquistado, el problema no ha desaparecido".

Por ello, el texto compromete a las administraciones públicas a "seguir impulsando todas las medidas" encaminadas a erradicar la violencia machista y proteger "de manera específica" a sus víctimas más vulnerables: las extranjeras, los menores de edad, las mujeres rurales, las discapacitadas y las que se están en situación de exclusión.

Asimismo, las autonomías, ciudades autónomas y Gobierno central intensificarán "la formación de todos los profesionales que intervienen en el proceso y la educación en valores así como la implicación activa y responsable de los medios de comunicación" y llevarán a cabo "las medidas oportunas para reforzar la respuesta institucional y social y de apoyo a las víctimas de violencia de género".

De este modo, la Declaración compromete a las administraciones a "reforzar las medidas de prevención y sensibilización con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la realidad de la violencia e incrementar la participación activa de la sociedad en el apoyo a las víctimas y el rechazo a los agresores".

LUCHA A TODAS LAS ESCALAS

Además, contempla que tanto el Gobierno de España como de las comunidades y ciudades autónomas promuevan "la lucha por la dignidad en toda acción internacional que emprendan" y pone como ejemplo la actuación de Castilla y León, "que durante su presidencia en el Comité de las Regiones aprobó un dictamen sobre violencia contra las mujeres".

Asimismo, el texto recoge las propuestas españolas sobre esta materia de cara a la Presidencia de la UE, que arranca en enero y que consisten en la creación de un observatorio europeo de violencia machista, la implantación de un número de teléfono gratuito de asistencia a víctimas similar al 016 que funciona en España y la extensión de órdenes de protección válidas para todo el territorio Schengen.

"La Conferencia de Presidentes manifiesta su voluntad de consolidar los logros obtenidos y avanzar (...) con la conciencia de que no sólo se está abordando el presente, sino que es la nueva forma de organizar las relaciones entre mujeres y hombres en el futuro la que está en juego", concluye la Declaración aprobada.