Resulta altamente sospechoso que un avión vendido a una empresa Venezolana sea comandado por un director de la empresa vendedora cuya relación con el movimiento revolucionario Terrorista Iraní, no queda para nada clara. En tanto, el copiloto sea otro empresario pero de la empresa supuestamente compradora y de origen venezolano.

El comandante de la aeronave resultó ser Gholamreza Ghasemi de nacionalidad iraní, y su co-piloto Vicente Antonio Ragas Teniasde nacionalidad venezolana. Algo tan llamativo como intentar freír un huevo en el barro. El primero es accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní, Qeshm Fars Air anterior propietaria del avión en cuestión y el segundo es dueño del 50% de Ragben C.A. y su socia nada menos que su esposa, Patricia Samari Benavides Arévalo.

Un avión de carga con 18 tripulantes es algo que suena fuera de lo común a todas luces para cualquier administración de aeronavegación en el mundo. 11 de nacionalidad Venezolana y 7 de nacionalidad Iraní. Suena algo sugestivo…

Como si fuera poco, una aeronave de gran porte, como es un 747-300, realizando vuelo a gran altura y con su transponder apagado… Mucho más que sugestivo aún. Una forma de estar invisible para las torres de control aéreo que resulta bastante llamativo. Es en realidad, una situación bastante llamativa porque volar sin transponder es ocultarse como un avión espía en espacio aéreo extranjero.

Todo salió a la luz cuando advertida la situación por el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad de la Nación hizo un pedido de informe al PEN respecto del extraño avión con bandera Venezolana. que además, lo publicó en una red social.

El vuelo que en un principio no pudo aterrizar en el Aeropuerto Pistarini (Ezeiza) por causa de la neblina existente, se vió desviado hasta el aeropuerto de la Provincia de Córdoba y desde donde posteriormente realizó su desplazamiento hacia el primer aeropuerto en donde no había logrado arribar.

A su arribo fueron las fuerzas federales los encargados de recibirlo junto con personal de migraciones y de Aduanas que montaron un operativo de verificación de personas a bordo y de mercaderías en tránsito que registraron en varias oportunidades sin hallar materiales extraños a la documentada en el despacho.

Esto motivó la intervención de la justicia federal con jurisdicción sobre el aeropuerto que al solicitar información, vino a tomar conocimiento sobre la existencia de un impedimento sobre la aeronave por parte del gobierno de los Estados Unidos en base al lavado de activos y otras actividades non santas, como la violación de los Derechos Humanos.

La aeronave por el momento en conflicto, se encuentra retenida en la estación aérea antes mencionada y los 18 ocupantes, 11 de nacionalidad venezolana y 7 de nacionalidad iraní, fueron identificados y luego se les retuvieron sus pasaportes hasta concluir la labor investigativa sobre ellos, derivandolos a un hotel bajo custodia policial para evitar su fuga.

A todo ello, se supo más tarde que el vuelo, previamente intentó aterrizar en la República Oriental del Uruguay donde se le impidió aterrizar y permaneció sobrevolando el río de la plata por algo más de media hora para regresar a territorio Argentino.