INTRODUCCIÓN

Parece ser que la profecía orwelliana del pasado siglo sobre la existencia de un Ente garante de seguridad y privador de libertad da un paso más al frente en la ciudad de Madrid.

Se trata de un asunto delicado al existir disparidad de opiniones entre aquéllos conformes con tales medidas destinadas a salvaguardar la seguridad del ciudadano, y los que piensan que dichos métodos coartan la libertad de movimientos y únicamente garantizan un descarado control policial sobre el ciudadano.

El Ayuntamiento de Madrid tiene prevista la instalación de un tejido de 48 videocámaras de seguridad a lo largo de todo el barrio de Lavapiés, desde la plaza de Tirso de Molina y hasta la glorieta de Embajadores. Asimismo, se planea abrir una nueva comisaría de policía municipal enfrente del teatro Valle-Inclán. Pero antes conviene señalar algunos antecedentes que nos permitan englobar esta acción en el marco de una de serie de medidas adoptadas por el Ayuntamiento para “sanear” la imagen de algunos puntos conflictivos del distrito centro de Madrid.

ANTECEDENTES

El alcalde de Madrid emprendió hace tres años aproximadamente una serie de operaciones destinadas a “limpiar” la imagen de algunas áreas conflictivas de la zona centro, esto es, se trata por un lado de disuadir o erradicar la presencia de la delincuencia y por otro, de suministrar una inyección económica para el fomento del nuevo comercio y el turismo en una zona tan transitada como el distrito centro.

La primera acción se acometió en diciembre de 2005 en la Plaza Mayor, zona donde el turismo extranjero suele ser víctima de robos y hurtos, con la instalación de 26 unidades de video-vigilancia (fijas y móviles); la segunda operación tuvo lugar en la calle Montera, adoptando la misma medida de implantación de videocámaras de vigilancia, más la apertura de una nueva comisaría de la policía municipal. El objetivo de reducir la prostitución en esa zona no se cumplió pero, como declara el diario el mundo, sí “ha incrementado la sensación de seguridad”.

El 26 de mayo de 2009, la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcárcel, da el visto bueno al delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, para la instalación de 48 videocámaras de seguridad en la plaza de Tirso de Molina, a lo largo de todo el barrio de Lavapiés y hasta la glorieta de Embajadores. Además, se pretende abrir una nueva comisaría en la calle Valencia destinada a Unidades Centrales de Seguridad (UCES), según informó el coordinador general de seguridad del Ayuntamiento, Jesús Mora.

Lavapiés se convierte entonces en el nuevo objetivo que el Consistorio pretende abordar para “lavar” una imagen asociada a la delincuencia e inmigración criminal en su concepción más negativa, pero también a la multiculturalidad, heterogeneidad y diversidad en su haber positivo.

Tales medidas supondrán una pérdida de identidad en favor de un barrio modelo, un "barrio feliz"

EL CONFLICTO EN LAVAPIÉS

La implantación de estas medidas de seguridad responde a una voluntad propia del Ayuntamiento de “reformar” un enclave fundamental del centro de la ciudad, por un lado; por el otro, responde a un reclamo vecinal de amparo por parte de la policía municipal.

Esta decisión probablemente obedezca al diseño de ese Madrid olímpico tan pretendido por el alcalde, pero el Consistorio que representa tiene coartada y en sus justificaciones puede alegar que las medidas de seguridad adoptadas tan sólo responden a la voluntad vecinal de aumentar y garantizar una mayor seguridad (o sensación de la misma). Y es aquí donde se presenta el conflicto de intereses y voluntades entre los residentes.

Por un lado, asociaciones de vecinos como La Corrala se muestran a favor, así como otros vecinos no asociados. Estos reclaman una mayor vigilancia y seguridad sobre una zona donde se producen robos, peleas y otra serie de altercados.

Los comerciantes, por su parte, ven en el nuevo proyecto del Ayuntamiento la oportunidad de desarrollar sus negocios al mejorar la imagen de la zona y fomentar la llegada del turismo consumidor a la misma.

Otros colectivos, asociaciones o individuos se muestran frontalmente en contra al considerar que tales imposiciones coartan la libertad en las calles y suponen un control policial sobre los ciudadanos. Critican que tales medidas coartarán la libertad en un barrio con presencia de muchas asociaciones u organizaciones disidentes y contrarias a los mecanismos de poder. También consideran que tales medidas supondrán una pérdida de identidad en favor de un barrio-modelo, con una imagen homogeneizada a la de otras zonas como Malasaña o el vecino Barrio de las Letras, un "barrio feliz", como rezan algunos de sus eslóganes. Y justifican tales medidas con la imagen que pretende vender el alcalde para la candidatura olímpica de Madrid 2016 y la presidencia de España en la UE en el primer semestre de 2010.

Los trámites burocráticos están en marcha para que la instalación de los dispositivos comience al final del verano y su uso para final de año, coincidiendo con las fiestas de Navidad. Las únicas trabas que el Consistorio puede encontrar son de carácter económico, debido a que las arcas municipales quedaron seriamente endeudadas con las megalómanas obras de soterramiento de la M-30 de hace dos años.

Asimismo, se planea abrir una nueva comisaría de policía municipal enfrente del teatro Valle-Inclán, en la calle Valencia