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Ayuntamiento Murcia acusa al PSOE de ser "un carroñero que oculta que los jueces no le dieron la razón en sus denuncias"

08/10/2010 20:24 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha manifestado en rueda de prensa que el Grupo Socialista "es un carroñero", pues, añadió, "oculta que los jueces no le dieron la razón en ninguna de sus múltiples denuncias por la tramitación de los convenios de la zona Norte".

A su juicio, ni dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 2005 y 2006, ni un dictamen del Bando de España, ni siquiera el análisis "riguroso" del Tribunal de Cuentas --de 2009-- "han sido argumentos suficientes para quienes intentan dinamitar, con medias verdades y mentiras innegables, la intachable gestión realizada por el Equipo de Gobierno del Partido Popular en Murcia".

"El PSOE mantiene una posición carroñera al querer manchar el nombre de Murcia a través de su Ayuntamiento para desviar la atención sobre su responsabilidad en la crisis económica que asola el país", argumentó la 'popular'.

Y es que, advirtió, "las declaraciones en los últimos días desde el PSOE municipal constituyen un nuevo intento de engañar y confundir a los murcianos, mintiendo sobre cuestiones en las que la Justicia ya le ha quitado la razón".

Así, recordó que el Grupo Socialista formuló en su día una doble denuncia, por una parte, la infravaloración de la compensación económica efectuada por el Consistorio en detrimento del interés general; y por otra, el incremento de viviendas en las zonas. Sin embargo, ha señalado la concejal, "el PSOE evita ahora recordar que en ambos casos los tribunales concluyeron que la tramitación urbanística había sido impecable".

EL PSOE VOT? A FAVOR PROYECTO NUEVA CONDOMINA

Respecto al convenio de Nueva Condomina, el PSOE "parece olvidar" que votó a favor del mismo. Y no sólo eso, destacó Fuentes, sino que "lo aplaudió y lo puso como ejemplo para futuros convenios".

Según consta en acta, en su intervención, el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Salvador Fuentes Zorita, manifestó, entre otras cosas, que "cuando he dicho que el Ayuntamiento obtiene unos recursos superiores a los que hubiera obtenido aplicando las cesiones legales es porque los han calculado a la peseta y con varias hipótesis; en cualquiera de ellas, lo que recibe el Ayuntamiento es más del doble de lo que recibiría aplicando el aprovechamiento legal".

El portavoz añadió entonces, según la portavoz del Grupo Popular, que "ya nos gustaría que todas las operaciones urbanísticas que se están desarrollando o que se van a desarrollar, lo sean con la transparencia de éstas y que aportaran un beneficio que supusiera la mitad del que aporta esta operación".

RESOLUCIONES

Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia confirmaron, por partida doble, la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del PP y PSOE.

La Resolución del Tribunal de Cuentas, por otra parte, se centró en aclarar si el Ayuntamiento había realizado valoraciones a la baja del precio de los terrenos. El PSOE denunció al respecto que le preocupaban "las valoraciones a la baja que se hayan podido realizar porque, de ser así, el Consistorio murciano está dejando de ingresar cientos de millones de euros que se quedan sin cobrar y, por tanto, millones de inversiones que la ciudad necesita y se quedan sin financiar en perjuicio de los ciudadanos".

El PSOE también aseguró que el Ayuntamiento ingresará unos 162 millones de euros por los convenios "cuando podría ingresar centenares de millones de euros". Exactamente, el PSOE calculaba que la cifra ascendía a 794.770.667, 33 euros.

Más sobre

El Tribunal de Cuentas, sin embargo, concluyó que, "de modo inequívoco y manifiesto, la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable" en los convenios de la zona Norte, condenando en costas al concejal socialista que interpuso la denuncia.

La defensa del Ayuntamiento de Murcia en este proceso se articuló sobre diversas cuestiones como que el Ayuntamiento de Murcia alegó que el único y exclusivo apoyo que sustentaba la denuncia del PSOE era un informe de Arquitasa, que cometía el error de considerar el suelo como urbanizable sectorizado cuando en realidad se trataba de suelo urbanizable sin sectorizar.

Así como que el PSOE no advertía el componente de carga que conlleva la cesión económica, sino que lo iguala erróneamente con las parcelas edificables correspondientes al 10% de aprovechamiento que los propietarios deben ceder al municipio; que Arquitasa realizó la tasación cuando se encontraba suspendida para prestar servicios de tasación debido a una infracción grave sancionada por el Ministerio de Economía y Hacienda y confirmada por el Tribunal Supremo con fecha 11 de mayo de 2006.

El Ayuntamiento advertía además que en los expedientes de los convenios se habían utilizado, no sólo las valoraciones del arquitecto municipal, sino otras realizadas por otras empresas de tasación, algunas de las cuales presentaron una valoración inferior a la establecida en los convenios. Y que el valor medio de todas las tasaciones, salvo la de Arquitasa, era de 116, 45 euros/metro cuadrado.

TOTAL TRANSPARENCIA

Todas estas sentencias, a juicio de Nuria Fuentes, "avalan la plena legalidad del Plan de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU) y, en concreto y de forma especial, los convenios urbanísticos ahora cuestionados". De esta forma, a la luz de los textos legales, "se deben rechazar por impertinentes, insidiosas e inciertas las afirmaciones realizadas por el Partido Socialista".

"Las mismas sentencias evidencian que no se ha favorecido a los propietarios de los terrenos y que no se han permitido más edificaciones de las legalmente establecidas o en lugares o suelo no permitidos por ser de uso forestal o protegido", afirma.

Fuentes comunica que las sentencias, "de manera inequívoca", establecen conclusiones como que el suelo cuya transformación fue objeto de los convenios era -antes y después de haberse firmado dichos convenios- suelo urbanizable con sistemas adscritos para su cesión e incorporación al dominio público.

El convenio de Nueva Condomina se ajusta a la Ley y no supone "reserva de dispensación" ni "desviación de poder", tal y como sostenía el PSOE. El sistema no excluye su aplicación a otros promotores distintos de Nueva Condomina, al afectar "a más de nueve millones de metros cuadrados, por lo que carece de base imputar a la administración la elección del terreno en aras de un promotor concreto".

Los convenios urbanísticos son un mecanismo de ordenación del suelo previsto en la normativa del PGOU desde el año 2001 o que el incremento de edificabilidad no se produce por el convenio urbanístico, sino que está prevista en el PGOU con un límite máximo de 0, 5m2m2.

Concluye que "cualquier manifestación a cuestiones ya juzgadas supone un ataque gratuito a la credibilidad del Ayuntamiento y de la propia ciudad, cuando el PSOE tiene como único objetivo conseguir, mediante la difamación y la calumnia, lo que no ha logrado conseguir con las urnas".

Y, en este caso en concreto, añade, "se atreve incluso a contradecirse en sus propios argumentos ya que, en su día, no sólo votó a favor de la figura de los convenios urbanísticos -con mención expresa a Nueva Condomina-, sino que los recomendó como un instrumento válido de gestión". Los ciudadanos, apuntó, "no van a entender este tipo de política y esta forma de actuar y al final serán castigados".


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