Las autoridades belgas lo habían decidido antes del verano (boreal) y ahora informarán a los comerciantes: los encargados de tiendas tendrán que denunciar las ventas sospechosas de sustancias químicas que puedan servir para fabricar explosivos artesanales.

En el marco de su lucha contra el terrorismo, Bélgica prohibió en julio la venta de siete productos en particular, entre los cuales figura el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), uno de los componentes del TATP, el explosivo utilizado por los kamikazes del grupo yihadista Estado Islámico en los atentados de París (130 muertos en noviembre de 2015) y de Bruselas (32 muertos en marzo de este año).

Los otros productos prohibidos para la venta al gran público son el ácido nítrico, el nitrometano y cuatro herbicidas a base de potasio y cloro.

Esta reglamentación prevé también la obligación de señalar las transacciones sospechosas, desapariciones y robos de estos siete productos, así como de otras ocho sustancias, entre las cuales se encuentran la acetona, el ácido sulfúrico, la hexamina (o hexametilentetramina) y el nitrato de sodio.

Pero, aún faltaba informar a los primeros interesados, los responsables y encargados de farmacias, droguerías, ferreterías y otras tiendas del ramo.

Esto se hará en las próximas semanas mediante un folleto, actualmente en redacción por parte del ministerio de Economía belga, que brindará las "líneas directrices" a seguir por los comerciantes.

"Se demandará denunciar los robos, las desapariciones de productos o las compras en cantidades anormales", explicó este jueves a la AFP un portavoz del ministerio en cuestión, Etienne Mignolet.

"Si hay una compra sospechosa, exhortamos a los comerciantes a informar a la policía", añadió, explicando que "el objetivo es impedir (la fabricación y) el uso criminal de bombas artesanales".

La medida, una traducción al derecho belga de una directiva europea, fue acogida con frialdad por la Unión de Clases Medias (UCM), el sindicato de comerciantes independientes y patrones de PYMES.

"No es al encargado de un comercio determinar si su cliente es un terrorista o no", declaró a la AFP un consejero de la UCM, Jonathan Lesceux.

"Los comerciantes tienen una relación de confianza con sus clientes que no debe ser puesta en tela de juicio. Su atención debe concentrarse en la calidad de su servicio, no en la captura de terroristas", agregó.

Los comerciantes que no señalen a la policía los casos sospechosos se arriesgan a ser multados hasta con 600.000 euros o a una pena de prisión de un máximo de cinco años.