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Bravo (CGPJ) cree que el PP, al atacar a la Fiscalía, desacredita a la Justicia

10/03/2011 14:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado este jueves que los ataques por parte del PP a la Fiscalía General del Estado, poniendo en cuestión su profesionalidad y criticando un "doble rasero", no sólo "no benefician" a la Justicia, sino que inciden directamente en su descrédito y su deslegitimación. Además, ha considerado que este tipo de manifestaciones están asentando una serie de estereotipos erróneos que "confunden" la percepción de la opinión pública.

En unas declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Bravo ha incidido en que "más allá de centrarse en una crítica a las resoluciones", en muchas ocasiones, partidos como el PP "atacan directamente a la institución con la finalidad de deslegitimarla y desacreditarla", sin temor a ocasionar un perjuicio en la concepción de la Justicia y generando un "grave quebranto en las instituciones fundamentales del Estado".

"Desde luego, no la está beneficiando --a la Justicia--. Creo que se puede criticar perfectamente la actuación del Ministerio Fiscal, pero desde el respeto a una institución tan fundamental en este caso como es la Fiscalía, que es la defensora de la legalidad y a quien le compete la defensa del interés general", ha matizado.

Para Bravo no hay mejor aclaración que la del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien afirmó que "el doble rasero" denunciado por los 'populares' sólo se establece "entre delincuentes e inocentes". "Cuando entienden que hay motivos para dirigir la acusación contra una persona, actúan, y cuando no es así, no lo hacen", ha puntualizado la portavoz del CGPJ, al tiempo que ha lamentado que los ataques se produzcan de forma correlacionada al interés o disgusto producido "por una resolución determinada".

No obstante, no comparte "esa afirmación de que la Justicia está politizada y etiquetada por conservadores y progresistas". "Creo que éste es otro de los estereotipos que también se ha asentado en la sociedad. Es muy recurrente incluso que los ciudadanos lleguen a confundir corrupción política con judicial, que no tienen nada que ver", cuando "lo que sí que tenemos es un amplio abanico de responsables políticos con asuntos pendientes", ha señalado.

De hecho, Bravo ha insistido en aclarar que, aunque el Parlamento sea el encargado de elegir a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, "los vocales no son los jueces", sino que tienen "una función diferente". El objetivo "no es administrar Justicia, sino gobernar el tercer poder del Estado con una función esencial: afianzar la independencia del poder judicial", ha argumentado.

De esta forma, respecto a la designación de los magistrados que integran la sala 61 del Tribunal Supremo (TS), Bravo ha desterrado la posibilidad de una politización de los nombramientos, reiterando que el CGPJ no "está vinculado" por nada, y ha considerado que los políticos "tienen tantísimos problemas, sobre todo en este país, que ni si quiera están preocupados por cómo va a resolver el CGPJ un determinado nombramiento".

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

"No somos correa de transmisión ni cordón umbilical de nadie. No nos pueden cesar por no seguir sus consejos, tenemos un mandato de cinco años donde tenemos la obligación de cumplir una serie de funciones", ha argumentado, "pero eso no significa que por el hecho de ser nombrados por el Parlamento estemos absolutamente mediatizados y tengamos que actuar con unos criterios que nos marquen".

Preguntada por si cree que los vocales del CGPJ se sentirían más legitimados si en vez de ser elegidos por los parlamentarios fuera un órgano electo por los propios magistrados, Bravo ha recordado que ese "era el sistema previsto en un primer momento", el cual "estuvo vigente hasta la modificación de la ley en 1981". Según la portavoz, dentro del CGPJ "hay opiniones variadas", pero "personalmente" ha incidido en que prefiere que la nombren "quienes ostentan la soberanía del pueblo español" porque "da mayor fuerza y legitimidad democrática".

"Hay compañeros que sí entienden que si fueran elegidos directamente por la carrera judicial, como ocurría en los inicios, se sentirían mucho más legitimados", aunque entonces "habría un cierto riesgo de convertir el consejo en un sindicato", ha valorado.

Asimismo, acerca de las declaraciones del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que consideraba necesario devolver al Estado las competencias de Justicia, Bravo ha respondido que "no corresponde al CGPJ dilucidar" esta cuestión, aunque sí ha advertido sobre la necesidad de que hubiera "una mejor conexión en el proceso de cambio y revisión para la mejora de la Justicia".

"La implantación de la oficina judicial, cuyas leyes entran en vigor el 1 de mayo, no está avanzando en todos los territorios de la misma forma. Según los presupuestos de mayor o menor austeridad, según la mayor o menor implicación política, se está avanzando de manera muy diferente", ha referido Bravo, la tiempo que ha considerado imprescindible que "todos avanzaran en la misma medida"

MALA CONSIDERACIÓN PÚBLICA

Por otra parte, en relación a los datos proporcionados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) respecto a consideración pública de la Justicia, que indican que el 48 por ciento de la población cree que funciona mal o muy mal y que establecen que el 77 por ciento opina que se beneficia más a los ricos que a los pobres, la portavoz del CGPJ ha esgrimido que el 55 por ciento de los ciudadanos "nunca ha tenido relación con la administración de justicia" y que, frente a 10 millones de asuntos tratados en los tribunales, sólo se han recibido 15.000 quejas, con una bajada del 13 por ciento.

Sin embargo, también ha recriminado que la percepción de discriminación "se basa en el tratamiento de no más de 18 asuntos judiciales", de lo cual no ha querido responsabilizar tanto a los medios como al poder judicial, que tiene la obligación de "acercar la Justicia al ciudadano". Para Bravo, "lo que sí es preocupante es que el 77 por ciento diga que este país necesita procedimientos más ágiles y rápidos".

Según Bravo, las polémicas "son estados de opinión". "No se actúa desde criterios corporativos. Lo que sí es cierto es que hay muchas resoluciones en las que, cuando la gente percibe una determinada disfunción, también por ser excepcional, todo se sobredimensiona y se vuelve a caer en un estado de opinión. Al parecer, si en la respuesta no hay una gran dureza no se hace justicia", ha afirmado.


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