Busca gobierno peruano impedir legalización de grupos armados

El gobierno peruano pidió hoy al Congreso que apruebe de “urgencia” una iniciativa de ley para impedir a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inscribirse como partidos políticos. El ministro peruano de Justicia, Juan Jiménez Mayor, planteó la denominada “vía rápida” de aprobación en el Legislativo a fin de cerrarle las puertas de la política a los grupos violentos que en la década de los 80 sembraron el caos en Perú con actos terroristas. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que evitará que organizaciones violentas intenten inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseveró Jiménez Mayor. Consideró, en declaraciones a periodistas, que con esta iniciativa, que modifica dos artículos de la Ley de Partidos Políticos, se ha dado “un paso fundamental” para preservar el orden democrático y las libertades en este país. De esa forma, el gobierno busca frenar la intención de algunos grupos que pretenden incorporarse al sistema democrático sin renunciar a la ideología extremista. A inicios este mes, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, buscó su inscripción como partido para poder conseguir su inclusión en la sociedad, lo que ha sido rechazado por el gobierno. “Esperamos que el Congreso apruebe lo antes posible esta propuesta porque consideramos inaceptable la posibilidad de que nuestra democracia corra peligro con el ingreso de personas violentista al sistema político”, indicó el ministro de Justicia. De aprobarse el proyecto en el Legislativo, sus alcances se aplicarán sobre los procedimientos que están en trámite. El JNE ya recibió el pedido del Movadef para ser inscrito, pero dispuso que se analice este caso en particular con un pronunciamiento legal. De acuerdo a la propuesta del gobierno, enviada al Legislativo, se debe fijar como requisito para la inscripción de los partidos una declaración donde se establezca que no están al margen de la ley y que no han tenido que ver con actos terroristas. “La aprobación de esta propuesta es un paso fundamental en la tarea de preservar el orden democrático y las libertades en Perú. Queremos recordar que los terroristas al Perú le deben (por daños al país) mil 480 millones de dólares”, indicó el ministro de Justicia.