Camps, al banquillo

Daniel Martín Torres

Hoy, el juez José Flors, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha encontrado suficientes motivos para que el Presidente de la Generalitat Valenciana y del PP regional, Francisco Camps, se siente en el banquillo para comparecer ante las acusaciones de cohecho impropio pasivo de las que se le acusa. El juicio oral de seguro será en otoño, ya que no hay opción a recurrir y está sometido a decisión del jurado.

El juez explica en su auto que los elementos indiciarios de la comisión del delito de cohecho "no permite calificar de irrazonables ni de carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras" y le impone una fianza de casi 55.000€ para asegurar que harán frente a las penas que se le impongan en el caso de ser condenado.

Y es que ya son dos años de investigaciones en el caso de corrupción en la Comunidad Valenciana. Los hechos de los que se acusa a Camps ocurrieron entre los años 2005 y 2008. El delito fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y reabierto por el Tribunal Supremo. Y es que, durante los dos años de los que hablamos, hemos podido escuchar a Camps distintas versiones acerca de la trama de los trajes. En un principio negó cualquier "regalo" de las empresas de la trama. Pero, hace tan sólo unos días, en su última oportunidad de defenderse antes de que el juez determinara hoy si se sentaba en el banquillo o no, cuenta que quizá sí que recibiera esos regalos, pero no como Presidente de la Comunidad Valenciana, sino como presidente del PP regional. Ante esto, Flors postula que ambos cargos son indisolubles, siendo ambos lo mismo. También, hace pocos días, hemos conocido que el contable de la empresa Forever Young, la de los trajes, modificó las cuentas de la compañía para encubrir al popular.

En 2010, PP y PSOE decidieron endurecer las leyes a este repecto. Las penas contra la corrupción sería desde entonces una inhabilitación en el cargo de tres años y prisión de seis meses a un año. Sin embargo, la petición de la acusación popular que representa a los socialistas valencianos sostiene que no se trata de cohecho impropio, sino propio, ofreciendo a cambio de los trajes adjudicación de contratos.

Después de la campaña política de este año en la que Rajoy apoyaba incondicionalmente a Camps era de esperar que el imputado continuara en la presidencia de la Comunidad Valenciana. El PSOE ya ha hecho chiste, comentando, con razón, que si lo apartarán de su mandato o lo acompañarán al banquillo.

Quizá sea el juez el que llame ahora a lo que sea que hizo Camps corrupción, y ya no tenga que volver a decir más que los medios manipulan.