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Caralin Group, compañía especializada en la externalización de servicios de otras empresas, ha recibido en sus instalaciones de Madrid a José Luis Baragiola, responsable de Modelos de Prevención de Delitos Penales en Drapper Sterling, quien brindó una conferencia titulada "La corrupción puede tener cura". Su objetivo era explicar las modificaciones introducidas al Código Penal, vigentes desde diciembre de 2010, y las aprobadas por el Consejo de Ministros, cuya sanción legislativa se prevé próximamente, que han introducido un cambio radical en la concepción de la imputación de delitos, que antes quedaba limitada exclusivamente a las personas físicas, y ahora se extiende también a las personas jurídicas pudiendo serlo aún cuando no sea posible la detección del culpable, incluyendo, con la modificación, a los administradores y representantes de hecho y de derecho de las empresas.
En palbras de José Luis Baragiola: "Está demostrado, las actividades criminales en el ámbito económico son un mal endémico de todas las sociedades, aún de las que creen que están protegidas de ellos y realizan ingentes inversiones para contrarrestarlos. Estamos convencidos, o nos dejamos convencer, que no hay forma de enfrentarlas, porque quienes actúan al margen de la ley no respetan, y no les importa hacerlo, a la sociedad en la cual se mueven cotidianamente, ni el daño que con sus acciones le provocan al entramado social", comenta Baragiola que también apunta "las leyes son de aplicación desde el momento de su concepción y, es por ello, que deben tomarse como una oportunidad para las empresas que incorporen modelos de gestión basados en los valores y cultura de la organización, poniendo énfasis en que su accionar se fundamentará en la legalidad de su gestión, la ética, y la honestidad".
La adopción de sistemas de prevención en las empresas contra los riesgos penales tiene como objetivo la protección de la gestión empresaria frente a los 25 delitos tipificados por el Código Penal a los cuales podrían verse expuestas; por lo tanto el sistema preventivo debe adecuarse a cada organización e involucra a todas las actividades y operaciones que ellas realizan así como sus relaciones comerciales. "Para evitar las graves consecuencias penales, los directivos deberán acreditar que implantaron en su empresa programas de vigilancia y control para la prevención de delitos, ya que con ello evitarán su responsabilidad individual, como también conseguirán la exención de responsabilidad criminal de la empresa", explica José Luis.
Además de las sanciones establecidas en el Código Penal, la imputación de estos delitos perjudica sin duda alguna la "imagen corporativa" de la compañía, provocando consecuencias más dañinas que la propia sanción penal, al ponerse en riesgo la rentabilidad, la reputación e incluso la viabilidad del negocio, por la desvinculación comercial de clientes y proveedores o, incluso, afectarse la cotización de la compañía en bolsa y su prestigio en la sociedad. En consecuencia, resulta de fundamental importancia que la empresa cuente con el respaldo documental de todas las acciones que lleve a cabo para elaborar e implantar un Protocolo Preventivo, así como también para establecer los distintos mecanismos de control y de sanción. "Para diferenciarse de las empresas que han elegido el camino de la corrupción para competir deslealmente contra el resto, la única herramienta de lucha contra los delitos es generar la concienciación de los máximos responsables de las organizaciones que el buen gobierno corporativo parte desde la planeación estratégica de las acciones que deben ser tomadas contra cualquier tipo de manifestaciones delictivas y que todos los actores que conforman su entramado, desde sus empleados hasta los clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas, comulguen con los mismos valores y enfrenten de igual manera a los delitos penales que corroen las relaciones comerciales", finaliza José Luis Baragiola.
Por ello, Caralin Group a través de Drapper Sterling, ha rubricado convenios de colaboración -para la implantación y certificación de protocolos preventivos- con AEDHE (Asociación de Empresarios del Corredor del Henares) y la Certificadora IMQ Ibérica, ofrece sus servicios profesionales a empresas para la elaboración de los documentos y la implementación de los procesos, que sirvan de prueba ante el Tribunal y permitan atenuar o eximir de responsabilidad penal, tanto a sus empresas clientes, como a sus directivos.
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