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Cermi plantea que el Estado se dote de una ley de garantía de los derechos sociales para la inclusión de los ciudadanos

11/06/2009 12:32 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó hoy la necesidad de que el Estado se dote de una ley de garantía de derechos y servicios sociales a fin de hacer efectiva en todo el territorio nacional la inclusión social de todos los españoles.

Durante la celebración del IV Congreso Nacional de Servicios Sociales, que tuvo lugar en Zamora, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó que ha llegado el momento de que mediante una ley estatal se "aseguren" unos parámetros "iguales" de atención a todos los ciudadanos que "precisen" apoyos para su inclusión social, informó el comité en un comunicado.

Asimismo, para el Cermi, resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español "carezca" de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales, y que sólo sean las comunidades autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones.

Según aseguró Pérez Bueno, para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad, es "preferible" un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que "acentúan" las desigualdades por razón de dónde se resida.

El presidente del Cermi aseveró que la actual Constitución "ampara" al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de Seguridad Social como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.

Además, desde el Cermi señalaron que la desposesión actual del Gobierno central, en materia de regulación de derechos sociales, debilita las posibilidades de inclusión de los grupos en riesgo de exclusión que necesitan un marco garantista estatal de derechos subjetivos que favorezcan la inclusión social.

En estos años de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, "los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos", concluyó Pérez Bueno.


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