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El CGPJ acuerda por unanimidad suspender al juez aunque aún podría concederle permiso para ir al TPI

14/05/2010 14:59 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en cumplimento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello. No obstante, el órgano de gobierno de los jueces podría concederle aún el permiso que ha solicitado para ocupar una plaza de asesor en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya (Holanda), pues estudiará esta cuestión a las 18.00 horas de hoy.

Así lo explicó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, al término del Pleno extraordinario en el que se trató este asunto, y que se prolongó durante algo más de dos horas. Según Bravo, este acuerdo se ha adoptado en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la LOPJ, al entender que el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado miércoles por el magistrado del Supremo Luciano Varela -que es quien ha investigado la querella presentada por Manos Limpias por el asunto de la Memoria Histórica-, determina la salida temporal de Garzón de la Audiencia Nacional mientras se resuelve este procedimiento penal, donde se solicitan para el magistrado 20 años de inhabilitación.

La suspensión no determina la pérdida de su plaza en la Audiencia Nacional aunque se prolongue más de seis meses, puesto que la resolución deriva de una decisión judicial -que aún debe sustanciarse - y no de un acuerdo disciplinario del CGPJ, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas. Habrá que esperar a conocer si Garzón es finalmente condenado o absuelto, pues en el segundo de los casos la suspensión sería anulada.

Además, hay que tener en cuenta que en el ínterin aún podría sentarse al juez en el banquillo por las otras dos causas que tiene pendientes en el Supremo -por los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York patrocinados por el Banco Santander y por intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama "Gürtel" en prisión-, lo que prolongaría 'de facto' su situación de "juez suspendido".

Bravo explicó en rueda de prensa que se ha informado a Garzón vía telefónica de la decisión de suspenderle, aunque sólo de la parte dispositiva de la resolución, pues el resto debe aún ser redactado. Una vez se le notifiquen las motivaciones del acuerdo, lo que se realizará "lo antes posible", Garzón se considerará oficialmente apartado del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras 23 años de ejercicio en este órgano.

No obstante, el juez podría obtener aún el permiso del Consejo para cubrir la plaza que le ha ofrecido el fiscal Luis Moreno Ocampo en el TPI, ya que el presidente de este órgano, Carlos Dívar, ha convocado para esta misma tarde una reunión de la Comisión Permanente con el fin de estudiar esta cuestión.

La suspensión fue acordada de forma unánime por un Pleno integrado por 17 vocales del Consejo más el presidente Dívar, ya que finalmente se rechazó la recusación que había presentado Garzón contra la vocal Gemma Gallego al considerar que la "enemistad manifiesta" que le profesa podría incidir en su votación para apartarle cautelarmente de la Audiencia Nacional. Gallego permaneció fuera de la sala de juntas y se incorporó a las discusiones una vez se le comunicó que la recusación había sido desestimada, según informaron fuentes del Consejo.

Tampoco formaron parte del Pleno el vocal José Manuel Gómez Benítez - quien se ausentó voluntariamente en su condición de ex abogado y amigo personal de Garzón- el vicepresidente de este órgano, Fernando de Rosa; ni la vocal Margarita Robles. Los dos últimos fueron recusados igualmente por el magistrado de la Audiencia Nacional y se apartaron de la discusión en aras a preservar la imagen de imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces.

Así las cosas, el acuerdo de suspensión fue adoptado por el presidente Dívar, los vocales designados a propuesta del PP (Gemma Gallego, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Concepción Espejel y Antonio Montserrat), otros siete nombrados a instancias del PSOE (Almudena lastra, Felix Azón, Miguel Carmona, Gabriela Bravo, Manuel Torres-Vela, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz) y los designados a propuesta de Ciu (Ramón Camp) y PNV (Margarita Uría).

INTERPRETAR LA LEY PARA EL TRASLADO

La portavoz no aclaró durante su comparecencia ante los medios de comunicación si la Ley permite que un juez suspendido pueda ser declarado en situación de "servicios especiales", tal y como solicita Garzón, para ocupar su nuevo destino en La Haya sin perder por ello su plaza en la Audiencia Nacional y explicó que, precisamente, la Comisión Permanente se va a reunir para "estudiar e interpretar" la ley en este aspecto concreto.

No obstante, fuentes del Consejo señalan que es bastante probable que finalmente se encuentre alguna fórmula jurídica que permita el traslado de Garzón al TPI. El propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, manifestó esta mañana que "es muy importante" que cuando todos pretenden tener la razón se intente "acortar distancias para llegar a soluciones satisfactorias para todos", explicó.

Bravo explicó que en la Comisión de esta tarde se valorarán los cuatro informes que el CGPJ solicitó el pasado martes para estudiar la petición e Garzón. Entre ellos se encuentra el realizado por el servicio de Personal del propio CGPJ que desaconseja el traslado por no cumplir la oferta dada a Garzón con los requisitos que marca la ley para declarar a un juez en situación de "servicios especiales".

El resto de informes son favorables a la solicitud, y son el del Ministerio de Asuntos Exteriores declarando "de interés" la presencia del juez de la Audiencia Nacional en el TPI, uno del servicio de Inspección del Consejo sobre el estado en el que se encuentra su juzgado y un tercero de la Fiscalía del TPI, que fue enviado por fax a la pocas horas de ser solicitado y concretaba la oferta. A estos documentos se añaden otro llegado a última hora también desde La Haya, que aclara las condiciones de trabajo y de contratación ofrecidas a Garzón por Moreno Ocampo durante los siete meses que el magistrado español podría permanecer en este órgano.

Preguntada por si al Consejo le preocupa que su decisión contra Garzón pueda afectar al prestigio internacional de la Justicia española, Bravo aseguró que se respetan todas las discrepancias que puedan producirse, reconociendo la "dimensión mediática que este asunto ha podido adoptar", pero recalcó que España cuenta con un sistema judicial garantista y unos jueces constitucionales que, desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes. "El Tribunal Supremo, a lo largo de 30 años de democracia, ha dado muestras evidentes de ser un órgano que ha actuado siempre conforme a derecho", recalcó.


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