CiU y PSOE acuerdan revisar la distribución de becas y culminar la transferencia a las comunidades autónomas

Los grupos parlamentarios de CiU y PSOE en el Congreso de los Diputados acordaron esta tarde pedir al Gobierno que revise, junto con las comunidades autónomas, "el actual sistema de becas y ayudas al estudio" para eliminar "las ineficiencias e insuficiencias del modelo actual".

La moción acordada entre nacionalistas catalanes y socialistas pide que se cree un modelo "que garantice mejor la cohesión social y la igualdad de oportunidades, se adapte mejor al Estado Autonómico, y fomente la movilidad internacional y nacional de los estudiantes y el aprendizaje de idiomas".

En este sentido, piden al Gobierno central que desarrolle el Observatorio de Becas, Ayudas y Rendimiento Académico, que servirá como instrumento de evaluación y valoración global del sistema de becas y ayudas, "con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para la mejora del modelo en el marco del sistema de financiación de las universidades".

DESTINAR EL 0, 2% DEL PIB A BECAS EN 2015

Los dos grupos acordaron que el dinero destinado a becas y ayudas universitarias se sitúe en el 0, 2 por ciento del PIB en el año 2015, así como aproximar las cuantías de las becas y ayudas a los costes reales de los estudios, "reforzando especialmente las becas-salario para el grado, las de movilidad internacional y nacional, y las becas y ayudas para master y doctorado".

El texto pactado también reclama que se dé cumplimiento a los Estatutos de Autonomía que otorgan a las autonomías competencias compartidas respecto al régimen de fomento del estudio, de becas y de ayudas estatales, culminando el trabajo iniciado con aquellas comunidades que han manifestado interés en asumir los traspasos de servicios en la gestión de las becas y ayudas al estudio, en el ámbito de sus competencias.

Ambas formaciones también solicitan al Ejecutivo socialista que incremente los recursos destinados a becas y ayudas con el objeto de alcanzar la media europea en un plazo de 4 a 8 años, en función de la coyuntura económica.