Con el objetivo principal de modernizar la justicia, el pasado 21 de abril la Legislatura de la Provincia de Corrientes sancionó la Ley 6.556 a través de la cual se aprobó el texto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial aplicable en esa jurisdicción, el que reemplazará al actualmente vigente, que fue aprobado durante la última intervención federal a través del Decreto Ley 14/2000, el que consistía en una copia casi textual del código procesal nacional de más de medio siglo de antigüedad.

De este modo, a partir del próximo miércoles, la provincia litoraleña verá significativamente modificada la forma en que el Poder Judicial y los abogados interactúan en el marco de la resolución de conflictos en la órbita del derecho civil y comercial, con una esperada reducción de tiempos, burocracias y trámites que ralentizan los procesos judiciales y la toma de decisiones por parte de los jueces, afectando muchas veces la garantía constitucional de los ciudadanos a obtener pronunciamientos judiciales en un plazo razonable, asunto que fue resaltado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El nuevo ordenamiento procesal, que había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 13 de mayo, modificará sustancialmente la forma en que tramitan los juicios radicados en los tribunales de los fueros civiles y comerciales de todo el territorio correntino, y su implementación será simultánea. De acuerdo a lo expresado por las autoridades del Superior Tribunal de Justicia, órgano que encabeza al Poder Judicial provincial, los principales objetivos de esta nueva legislación están orientados a "lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en condición de vulnerabilidad."

A partir del próximo miércoles 1° de diciembre, Corrientes pondrá en vigencia su nuevo Código Procesal Civil y Comercial

También se busca que los trámites judiciales sean más simples y sencillos, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que tendrán un rol central para agilizar la gestión de los procesos, iniciando un camino de transición desde los expedientes en formato papel hacia un expediente íntegramente digital, lo que también resultará más amigable con el medio ambiente.

Otro de los aspectos destacados de la nueva normativa es la adopción del lenguaje claro como política pública en materia judicial, con el propósito de que los ciudadanos puedan entender las decisiones y sentencias de los jueces con mayor facilidad, ya que tales instrumentos deberán estar redactados con terminología que sea comprensible para el común de la ciudadanía, sin requerir de conocimientos profundos y específicos del ámbito de la ciencia jurídica, debiendo evitar tecnicisimos innecesarios y redacciones confusas, extensas y complejas.