Una comisión del Senado de EEUU dio el martes luz verde a que sean sancionados en un futuro funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales, paso preliminar para su eventual adopción en el Congreso.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votó 13-2 a favor del borrador del proyecto de sanciones, que pasará a la plenaria a consideración de los cien senadores en el transcurso de las próximas semanas.

Para el presidente de la Comisión, el demócrata Bob Menéndez, la votación envió un "mensaje bien claro".

Le dice a esos individuos -sean del Gobierno, militares, policías o civiles a favor del Gobierno- que se enfrentarán a una "consecuencia si continúan violando los derechos humanos de esos ciudadanos venezolanos que simplemente están protestando pacíficamente por el bienestar de su país", dijo el senador a los periodistas.

Una eventual ley ordenaría al presidente, Barack Obama, bloquear la entrada a EEUU y congelar los bienes de funcionarios venezolanos acusados de "dirigir significativos actos de violencia o abusos serios de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas antigubernamentales en Venezuela".

También permitiría a la Casa Blanca perseguir a quienes ordenaron o ayudaron en el arresto de más de 3.000 manifestantes (la mayoría liberados) desde que se iniciaron las protestas en febrero contra el presidente Nicolás Maduro.

En Venezuela, Maduro catalogó de "evento detestable" las posibles sanciones. "Porque con nuestro país no debe meterse nadie (...) No tiene que venir este Congreso (de EEUU) o algunos de sus senadores o congresistas a meterse en los asuntos de Venezuela", dijo el mandatario durante una reunión con altos funcionarios del Gobierno en el Cuartel de la Montaña, transmitida por el canal estatal VTV.

La ley, además, habilita 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones no gubernamentales, incluyendo grupos a favor de la democracia, así como medios independientes en Venezuela.

El proyecto no detalla un listado de individuos que serían objeto de sanciones, lo que quedaría a discreción del Gobierno estadounidense de aprobarse los proyectos, pero el senador republicano Marco Rubio dijo barajar más de 25 nombres de funcionarios. "Muchos de estos individuos se pasan la semana en Caracas violando los derechos humanos y los fines de semana en Florida (sur de EEUU) disfrutando de los millones que se han robado del pueblo", señaló Rubio, uno de los principales promotores del proyecto.

- "Efecto contrario" -

El proyecto recibió los votos en contra de los senadores Tom Udall y Bob Corker, quien expresó que las sanciones podrían "tener el efecto contrario de resolver la situación". Según Corker, el gobierno de Maduro culparía a las sanciones "de todos los problemas" en Venezuela.

El ministro de Exteriores venezolano, Elías Jaua, dijo la semana pasada que su país denunciará ante la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como en los organismos regionales Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la "injerencia" de EEUU y sus "amenazas" de sanciones.

La votación ocurrió poco más de una semana después de que la comisión paralela en la Cámara de Representantes aprobara un proyecto similar. Si ambos documentos pasan sus respectivas cámaras, deberán conciliarse en una sola versión antes de que llegue a manos de Obama.

El departamento de Estado rechaza, de momento, las sanciones, dando esperanzas al diálogo iniciado en abril entre el gobierno de Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.

Sin embargo, esa iniciativa, patrocinada por ministros de Exteriores de la Unasur y el nuncio apostólico de Caracas, está suspendida desde hace una semana, después de que la oposición criticara la detención de más de 200 estudiantes durante las recientes protestas y la ausencia de avances en los acuerdos alcanzados en reuniones previas con el oficialismo.

La oposición venezolana aseguró el martes que el diálogo de paz con el Gobierno, que pretende poner fin a más de tres meses de protestas callejeras, "no está roto", pero precisó que esperan hechos concretos para volver a la mesa. Las protestas, iniciadas en febrero en contra de la escasez de productos básicos, la inflación anualizada del 60% y la alta criminalidad, dejan 42 muertos -algunos policías-, unos 800 heridos y 250 detenidos.