El Congreso debate el martes una propuesta de Madrid para que los Estatutos no condicionen las inversiones del Estado

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición de ley de la Asamblea de Madrid que plantea reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para garantizar que los criterios de inversión del Estado en los distintos territorios sean los mismos en todas las comunidades, es decir, que los Estatutos de autonomía no puedan condicionar la cuantía de esas inversiones, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La discusión sobre si se tramita o no esta iniciativa de la Cámara madrileña, en la que el PP gobierna con mayoría absoluta, tendrá lugar en medio del debate que se ha generado en los últimos días sobre las consecuencias que tendría una hipotética sentencia del Tribunal Constitucional en contra del Estatut.

Precisamente, la disposición adicional tercera de la norma catalana establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras --excluido el Fondo de Compensación Interterritorial--, se equiparará a la participación relativa del Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años.

En la iniciativa de la Asamblea madrileña se alerta contra los nuevos estatutos de autonomía que, como el catalán, incluyen este tipo de condicionantes a las inversiones del Estado y del Sector Público y pueden "crear desequilibrios económicos" en la organización territorial.

SOLIDARIDAD Y EQUIDAD

La proposición de ley recalca que el sistema de financiación autonómica "gira en torno al principio de solidaridad" recogido en el artículo 2 de la Constitución y tiene como objetivo "velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español".

Con el fin de que las diferencias entre los estatutos de autonomía "no impliquen privilegios económicos", el texto plantea introducir un nuevo apartado en el artículo 16 de la LOFCA que especifique que las inversiones del Estado y el Sector Público Estatal "se inspirarán en el principio de solidaridad y equidad" y que los criterios que las determinen "serán los mismos para todas las comunidades y se aplicarán uniformemente a todas ellas".