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El Congreso decide hoy si remite a la Fiscalía la documentación del puerto de Gijón

27/10/2009 07:37 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Pleno del Congreso de los Diputados votará hoy una moción del PP que exige la remisión a la Fiscalía y a la Abogacía de Estado de toda la documentación sobre el sobrecoste de las obras del puerto de El Musel (Gijón) con el objetivo de llevar a cabo las acciones oportunas.

En su moción, consecuencia de una interpelación al ministro José Blanco que tuvo lugar el pasado día 14 en el Congreso, los 'populares' piden también que el Gobierno remita a la Cámara una relación detallada de todos los modificados realizados en aquellas obras del sector público estatal cuyo presupuesto de licitación sea superior a los 12 millones de euros a lo largo de la presente legislatura.

EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN

Entre la documentación solicitada por el PP para su remisión al Congreso también figura el expediente completo de adjudicación de las obras de ampliación del puerto gijonés, incluyendo los pliegos de prescripciones administrativas que sirvieron de bases para la licitación de la obra; el pliego de condiciones técnicas así como el acuerdo o convenio firmado entre la Autoridad Portuaria e Hidrocantábrico para la explotación de la cantera de Aboño y obtención del árido necesario para las obras.

El PP reclama, además, la oferta adjudicataria; el informe técnico de adjudicación de las obras firmado por la mesa de contratación y el expediente correspondiente al modificado.

Igualmente, pide todas las certificaciones de obras realizadas desde el comienzo de las mismas que incluya tanto los documentos contables presentados por la UTE, como los de la Autoridad Portuaria; el documento de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado y el documento de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

En su moción, recogida por Europa Press, el Grupo Popular insta al Gobierno a aclarar las circunstancias que han causado el sobre coste de las obras de ampliación del puerto y, por consiguiente, la ralentización de las mismas. Además, pide que se especifiquen las actuaciones que se han previsto para solucionar esta situación de desfase presupuestario y que se remitan con detalle a la Cámara las condiciones del crédito que tiene que asumir la Autoridad Portuaria para continuar y poder finalizar las obras de ampliación del puerto.

El objetivo de los 'populares' es "depurar todas las responsabilidades políticas, administrativas y, en su caso, penales que deriven de tales irregularidades", para lo cual se exige la remisión de toda la documentación a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado.

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El sobre coste de la ampliación del puerto de El Musel también ha sido objeto de otra iniciativa en el Congreso, esta vez una proposición no de ley promovida por ERC-IU-ICV, que reclama al Ministerio de Fomento una investigación sobre el caso de Gijón y también del puerto de La Coruña.

Concretamente, ERC-IU-ICV quiere que el Congreso inste al Ministerio de Fomento a iniciar una "investigación interna y auditoría de las obras de ampliación de los puertos de competencia estatal afectados por sobrecostes importantes, como es el caso de La Coruña y Gijón", calculados en 283 y 251 millones de euros, respectivamente.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

El grupo de las izquierdas propone investigar el procedimiento inicial de licitación, la contratación y todo lo relativo al posterior "incremento del coste, presentando los resultados de la investigación al Congreso para su conocimiento y, en su caso, procediendo a depurar las responsabilidades correspondientes".

Según la exposición de motivos, en algunos puertos estatales se han alcanzado "sobre costes muy importantes, de cientos de millones de euros", algo que se ha justificado en "diversas imprevisiones, temporales, modificación técnica de proyectos para su mejora y adecuación a la nueva normativa". "Las ampliaciones del coste no han sido en general objeto de nueva licitación, lo que vulnera la normativa europea", denuncian.

Para este grupo parlamentario, esta situación refleja "como mínimo graves errores de ingeniería, planificación, control, proyecto, fijación de precios y procedimiento de adjudicación, lo que impide alcanzar financiación europea para la globalidad de los proyectos".


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