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El Congreso precisar los criterios de incompatibilidad de los auditores y suaviza las sanciones

07/04/2010 16:22 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó ayer casi medio centenar de enmiendas en el proyecto de reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas, en su mayoría con el voto en contra del PSOE, que introduce importantes modificaciones en este proyecto, sobre todo en lo relativo a aclarar los criterios de independencia e incompatibilidades y eliminando el incremento de las sanciones incluida en la norma original.

La tramitación de la norma, que proseguirá ahora en el Senado, se vio empañada por el debate sobre la enmienda que presentó el PSOE para prohibir la limitación de los derechos de voto en las compañías, los conocidos como "blindajes" empresariales. Finalmente, los socialistas lograron sacar adelante su propuesta después de pactar con CiU que su entrada en vigor se retrase un año y sólo afecte a sociedades cotizadas.

Cabe recordar que España ha sido denunciada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no haber incorporado a su legislación nacional la norma comunitaria sobre la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, pese a que el plazo para hacerlo vencía el 29 de junio de 2008.

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES

La principal modificación, introducida por el PNV con el voto en contra del PSOE, hace referencia al artículo octavo de la ley, el referido a la independencia del auditor o de las sociedades de auditoría que precisa las causas de incompatibilidad que impiden ejercer de auditor de una empresa, eliminando la "presunción general" que contenía el proyecto.

Así, para que funcione esta incompatibilidad, la participación del auditor en la empresa auditada ha de ser cualificada o tener un cierto grado de relevancia y ha de tener parte activa en la toma de decisiones de la empresa.

Siguiendo la normativa comunitaria, los criterios se sustentarán en un sistema basado en principios y no en reglas, cuando en el texto inicial del Gobierno ambos enfoques estaban "mezclados", lo que resultaba enormemente confuso y complejo de aplicar, según los nacionalistas vascos. También se incluyen modificaciones destacadas en la rotación de los socios de la auditora.

El PSOE afirma que las modificaciones introducidas por la oposición son contradictorias entre sí y mostró su confianza en corregirlas en el trámite en el Senado. "No hay nada peligroso o malo en ellas, pero nos darán mucho trabajo", afirman. apoyo del resto de grupos son "contradictorias" con En cualquier caso, existe un acuerdo tácito entre PSOE, PP y CiU para revisar diversos aspectos sobre la Ley relativos a la incompatibilidad entre auditores y abogados.

NO SUBIRÁN LAS SANCIONES

Con respecto a la cuestión de la responsabilidad del auditor, a la supresión del régimen de responsabilidad ilimitada del auditor incluida en el texto original, se añade ahora la eliminación del párrafo del proyecto de ley que preveía que sólo se exigirá solidariamente la responsabilidad cuando no pudiera individualizarse la causa de los daños y perjuicios".

También se suprimió el incremento de la cuantía de las sanciones que incluía el Proyecto y los agravantes previstos para las entidades de interés público. Además, se elimina como criterio sancionador los honorarios facturados por trabajos de auditoría en el ejercicio anterior, sustituyéndolo por el relativo a la cantidad facturada por la labor en relación con el cual se hubiera cometido la infracción.

REDEFINICIÓN DE ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO

Otra modificación de calado es la relativa a la definición de entidad de interés Público, eliminando los criterios cuantitativos existentes en el proyecto que fijaban esta consideración para empresas que se considerarían de interés público por el hecho de contar con más de 1.000 trabajadores o tener más de 57 millones de euros de cifra de negocio.

De esta forma, y ateniéndose a lo determinado por la directiva, sólo se considerarán entidades de interés público aquellas que se determinen "reglamentariamente" en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad.

Por último, también se ha precisa que no es necesario que el auditor de cuentas consolidadas de un grupo empresarial tenga que hacer necesariamente la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades dependientes.


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