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El Congreso reforma su Reglamento para adaptar sus comisiones al Gobierno diseñado en abril, con la abstención del PP

15/10/2009 15:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Pleno del Congreso aprobó hoy, con la abstención del PP, una reforma de su Reglamento para adaptar las comisiones parlamentarias al organigrama del Gobierno diseñado hace seis meses por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la tercera modificación parcial de las normas internas de la Cámara que se acometerá en el plazo de un mes, aunque ninguna de ellas toca las cuestiones de fondo.

En concreto, el Pleno del Congreso dio luz verde a la propuesta pactada por el PSOE y las minorías para reorganizar las comisiones parlamentarias y adaptarlas al nuevo esquema del Gobierno surgido de la remodelación ministerial del pasado mes de abril.

En este tiempo, el PSOE y el PP no han sido capaces de ponerse de acuerdo para pactar la reorganización de las comisiones parlamentarias, por lo que los socialistas decidieron presentar una propuesta con los grupos minoritarios. Al final, registraron su iniciativa para retocar el Reglamento con el apoyo de CiU, el grupo que comparten ERC, IU e ICV y el Grupo Mixto.

EL ESCOLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El principal escollo reside en dar una ubicación parlamentaria al nuevo Ministerio de Política Territorial que Manuel Chaves compatibiliza con la Vicepresidencia Tercera. PSOE y PP están de acuerdo en que los asuntos vinculados a este departamento se traten en la actual comisión de Administraciones Públicas, que sufrirá un cambio de nombre para adaptarse a la nueva denominación del ministerio (Comisión de Política Territorial).

La discrepancia se debe a que el PSOE, de acuerdo con la decisión de Zapatero de sacar de este departamento el área de la Función Pública y remitirla a la Vicepresidencia Primera, quiere que los temas relacionados con los funcionarios pasen a debatirse en la Comisión Constitucional, que tradicionalmente acoge las comparecencias de la 'número dos' del Gobierno y ministra de la Presidencia, Maria Teresa Fernández de la Vega.

Sin embargo, el PP no considera pertinente reservar para asuntos funcionariales la Comisión Constitucional, puesto que su agenda ya está suficientemente cargada ya que en ella se tramitan, por ejemplo, las reformas estatutarias o la Ley Electoral. Desde su punto de vista, estos temas deberían analizarse en la futura Comisión de Política Territorial, aunque sea De la Vega quien allí comparezca.

RUPTURA DEL TRADICIONAL CONSENSO

El PP atribuye el cambio aprobado hoy a que la vicepresidenta primera del Gobierno, a quien achacan la negativa a comparecer en dos comisiones distintas. Para dejar patente su rechazo a esta modificación, los 'populares' presentaron una enmienda en la que apostaban por que los asuntos relativos a los funcionarios permaneciesen en la antigua comisión de Administraciones Públicas.

Dado que la propuesta, que ni siquiera fue defendida durante el debate, fue rechazada por el resto de grupos, el primer partido de la oposición se abstuvo en la votación final sobre la reforma del Reglamento, haciendo así efectiva la ruptura del consenso que tradicionalmente había presidido este tipo de trámites parlamentarios.

La propuesta de remodelación, además de los cambios que afectan a las ya citadas comisiones Constitucional y de Cooperación Territorial, dará lugar a una macrocomisión de Políticas Sociales, Sanidad y Consumo. Además, la Comisión de Educación recuperará los temas relacionados con las Universidades que antes de la remodelación gubernamental dependían del Ministerio de Ciencia y seguirá haciéndose cargo de Deportes, aunque desde el pasado mes de abril esta materia está adscrita a Presidencia del Gobierno. En estos puntos sí está de acuerdo el PP.

La Cámara tiene sobre la mesa otra reforma del Reglamento, la citada modificación relativa al procedimiento para autorizar el envío de tropas al extranjero, y en unas semanas llegará una tercera, referente a la conveniencia de hacer públicos los debates y votaciones de los dictámenes de la Comisión del estatuto del Diputado.

Eso sí, ninguna de estas reformas afecta a aspectos troncales de la vida parlamentaria, como el procedimiento legislativo o la labor de control parlamentario al Gobierno, sobre los que había una acuerdo casi unánime desde la pasada legislatura. Todo está empantanado por el problema del uso de las lenguas cooficiales, a cuya equiparación con el castellano se oponen socialistas y 'populares'.


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