Comisiones Obreras ha presentado un informe acerca la evolución de los incendios y la situación de los trabajadores en el que se destaca que casi la mitad de los 60.000 trabajadores que se dedicarán este año a la extinción de incendios tiene contrato temporal o fijo-discontinuo y que de cada cuatro trabajadores, tres se dedican a la extinción y sólo una cuarta parte a la prevención.

El informe ‘Evolución de los incendios forestales en España y de la situación de los trabajadores de prevención y extinción 2009’ elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de la confederación, analiza las causas que originan los incendios y los medios económicos y humanos que se emplean en la extinción.

Éste es ya el quinto año que se realiza este análisis que contó en la rueda de prensa con la participación de Francisco Javier Cabezos, coordinador estatal de los agentes de medio ambiente de CCOO, Joan Miró, representante sindical de CCOO-illes y Javier Luna, secretario de la FSAP.

En ella se destacó la necesidad de concienciar a las personas sobre la importancia de nuestros montes y el desconocimiento que existe de los mismos señalando como uno de los problemas el que no se trabaje contra el fuego durante todo el año y sólo en periodo estival.

También se resalta que la clave para acabar con los incendios radica en un estudio de las causas estructurales que los generan e incide en el hecho de que el abandono del campo y el consiguiente aumento de la biomasa, unidos a la alta intencionalidad y las malas prácticas agrarias han hecho de nuestros terrenos un auténtico polvorín.

Otro dato de interés arrojado en el informe es el hecho de que se desconozcan el 20% de los siniestros en nuestro país, situación que califican inadmisible. En cuanto al gasto de las diversas regiones en la lucha contra el fuego, el informe indica que Madrid, Valencia e Islas Baleares se sitúan al frente, Aragón, Extremadura y Asturias son los territorios que menos invierten.

Comisiones Obreras también presentó propuestas tales como la adopción de nuevas medidas de salud y seguridad, impulsar la creación y estabilización del empleo en el medio rural o la determinación y el establecimiento de protocolos normalizados para la realización de reconocimientos médicos específicos.