La “ponencia de valores” es un documento que en ajuste a las determinaciones urbanísticas establecidas en cada municipio recoge los criterios, módulos de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles, dentro de su ámbito de aplicación.

Siendo por ello que cualquier alteración que se produzca en el contenido del planeamiento genuino debiera llevar parejo la adecuación de la referida ponencia al cambio producido, pues no en balde es su contenido quien traslada a esta los usos e intensidades permitidas en el espacio territorial de referencia.

Esto sería lo procedente, pero el anacronismo surge cuando la propia administración municipal obligada velar por la legalidad urbanística. es quien delictivamente subvierte el contenido del planeamiento suprimiendo condiciones características de las fincas catastrales, (ejemplo: acceso público rodado), y a pesar de detraer al completo la potencialidad urbanística de los predios sigue repercutiendo indebidamente a los afectados el gravamen del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a sabiendas de la improcedencia de los recibos girados.

Esta arbitrariedad institucional bien podría formar parte del anecdotario de tiempos pretéritos, cuando las todopoderosas corporaciones del franquismo cometían impunemente sus tropelías, pues al igual que entonces el proceso antes relatado se consumó clandestinamente por la determinación cómplice de los munícipes de todo signo, que rehusaron de igual modo la obligada audiencia a los interesados.

Pero contra todo pronóstico esta degeneración institucional se produce en el “muy democrático” Ayuntamiento de Fene con un “gobierno de izquierdas” al frente del consistorio, y lo hasta aquí referido es tan solo el efecto colateral de una infracción urbanística de mayor calado cuyo procedimiento administrativo es la expresión de un cúmulo de ilegalidades concatenadas, y cuya responsabilidad política debe ser expurgada que no evadida tras la argucia del muy recurrente silencio administrativo.

Resulta que en sesión extraordinaria del pleno municipal celebrada el 2 de febrero de 2010, entre otros asuntos, se aprobó con los votos favorables del PSOE e IU y la abstención del BNG y el PP, la ejecución de las obras relativas al Área de Estacionamiento para la Escuela Infantil de A Torre – Perlío, a cuyo documento técnico acompañaba un informe de la oficina técnica en la que se expresaba la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, es decir confirmando que estaba todo en regla para su ejecución .

Por advertencia técnica, los miembros de la corporación sabían del carácter público del vial, como que formaba parte del PGOM, y aún así, consumaron su privatización

A pesar de estar validado por el Pleno Municipal, el Alcalde Iván Puentes( PSOE), haciendo caso omiso del procedimiento iniciado y de su carácter vinculante, extralimitándose por tanto en sus competencias, sin razón aparente, encargó a la consultora Proyfe, la redacción de un nuevo proyecto técnico distinto al original, y ello, sin cumplir los requisitos legales ni dar cuenta al Pleno de la corporación de tal determinación, como tampoco, someter su contenido a consideración de dicho órgano.

Eludiendo tal exigencia, mediante una más que cuestionable aprobación por parte de la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 6 de mayo de 2010.

El cambio producido tenía por única finalidad dejar expedito parcialmente el camino de referencia para así satisfacer las aspiraciones de un particular afín, que sin disponer de escritura de propiedad se atribuyó la titularidad del mismo, y aún así sin mediar procedimiento administrativo de tipo alguno, no solo le fue entregado en dominio, sino que la rocambolesca transferencia, consumo una prevaricación encubierto, por cuanto las obras de adecuación del espacio cedido lejos de ser sufragadas a su costa como en procedencia correspondería fueron financiadas íntegramente con fondos públicos.

Lo estrambótico de este esperpento institucional es que en tanto que los desposeídos de acceso público rodado por la privatización del viario son obligados a satisfacer el IBI, la propiedad municipal obsequiada indebidamente al allegado político se mantiene en el tiempo exenta de este gravamen, es decir, que a efectos catastrales el agraciado con la dádiva municipal no soporta fiscalidad como “titular” del bien; con el agravante añadido de la existencia de vínculos de relación política y familiar entre las partes.

A tenor de lo actuado y de los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, es evidente que la privatización del referido espacio, fue tolerada políticamente con consciencia de su ilegalidad, por cuanto, se realizó haciendo caso omiso a las reiteradas advertencias que constan en los informes que acompañan el expediente administrativo, lo que hizo que los directos afectados ante la pasividad municipal exigiesen por conducto reglado la Restitución de la Legalidad Urbanística; pero aún cuando el deber de obtener respuesta debiera estar garantizado, el nada ortodoxo silencio administrativo siguió siendo la tapadera utilizada para sortear la negligente conducta corporativa, al margen que gobernase el PP o el PSOE-BNG.-IU en coalición, cuyas ejecutivas a la vista de la gravedad de los hechos debieran abandonar el silencio encubridor con el proceder de sus pupilos en Fene

Ante tan obsceno contubernio político tendrá que ser la judicatura quien intervenga en rescate de la legalidad urbanística y del patrimonio público.

Lo anacrónico es que Iván Puentes “alma mater de esta cacicada” es ahora miembro de la Ejecutiva do PS deG desempeñando al efecto la función de máximo responsable socialista del "la política municipal", todo un exponente de degradación y decadencia de la mal denominada izquierda política.

....................en Fene hay consenso caciquil!