Crece el clamor por una reforma de la Ley de Propiedad IntelectualLas sociedades de gestión ven "intereses ocultos" en la acusación de monopolio contra ellas - Parte de la oposición pide la retirada de la 'ley antidescargas'

La ministra de Cultura defiende abiertamente la labor de la SGAE

Un informe oficial de 2009 defendía el actual sistema de reparto de derechos

El debate sobre los derechos de autor, que ya estaba suficientemente caldeado con la polémica disposición antidescargas, se ha vuelto a encender con el informe del organismo que vigila la competencia, que dedica sus cien páginas a desmontar el actual sistema colectivo de gestión de derechos en manos de ocho sociedades, sistema al que acusa de "monopolístico, opaco e injusto".

Los acusados no han tardado en responder. Y cuatro de ellos -AGEDI (promotores musicales), AIE (intérpretes), CEDRO (edición) y SGAE (autores)- han decidido unirse y constituir la asociación Ibercrea para defender mejor sus intereses. Entre todas, suman 100.000 socios, gestionan en torno a 400 millones de euros al año y abarcan casi todos los campos, con la excepción de la producción cinematográfica, ya que EGEDA no se ha unido a la plataforma. La nueva asociación estará presidida por Manuel Medina, el ex eurodiputado socialista que se hizo popular por presentar una proposición en el Parlamento Europeo que pedía la ilegalización del intercambio de archivos a través de los programas P2P, como eMule o BitTorrent.

La indignación por el informe de la CNC es patente. Las sociedades de gestión no entienden que el organismo dependiente del Ministerio de Economía les pida justamente lo contrario que lo que en abril pasado les exigió el informe elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), según señalaron ayer fuentes de las entidades.

Las conclusiones de ese documento señalaban que la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual resulta más eficaz que la gestión individual y que, de no existir estas entidades, sería difícil que los autores, artistas y productores percibieran los ingresos por los derechos que les reconoce la ley, siendo los más perjudicados los que gozaran de menos éxito artístico y profesional. AEVAL también indicaba que la transparencia de estas entidades puede considerarse "adecuada, dado el marco legal en el que desarrollan su actividad", y que los repartos realizados entre sus socios se consideran "equitativos y objetivos en el cumplimiento de las reglas".

Un informe oficial de 2009 defendía el actual sistema de reparto de derechos

Pablo Hernández Arroyo, subdirector general de la SGAE, afirmó ayer que el estudio del CNC es "sesgado" y está lleno de errores, y aludió a intereses secretos en su elaboración. "A veces uno llega a pensar que existe un lobby interesado en reducir la posibilidad de negociación de la SGAE", dijo. Por su parte, la directora de CEDRO, Magdalena Vintent, señaló que el informe pone en duda no sólo la legislación nacional y europea sino también la legislación universal en gestión colectiva de derechos de autor.

Desde Barcelona, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, también salió en defensa de las entidades de gestión, asegurando que respetan la legalidad vigente. Y fue aún más allá en el caso de la SGAE, en la polémica por el cobro de un canon en las peluquerías por poner la radio. "La SGAE es una entidad que lleva más de cien años trabajando, no podemos aprovecharnos del trabajo de los demás sin su conocimiento, ni poner en cuestión que somos dueños de nuestras ideas", indicó la ministra, informa José Ángel Montañés.

El debate también se ha instalado en la trinchera política. Los grupos parlamentarios de PNV, ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto se han unido para exigirle al Gobierno que retire de la ley de Economía Sostenible la polémica disposición final que permitirá el bloqueo de las webs de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor. Si el Gobierno no acepta esa retirada de la disposición, los grupos amenazan con boicotear la subcomisión de Cultura que, desde hace un año, estudia precisamente la reforma de la LPI, no participando en la elaboración de sus conclusiones, que deben estar listas antes de marzo.

El pacto había sido suscrito también por el Grupo Popular y por el Grupo Catalán (CiU), dejando solo al PSOE en la defensa del proyecto, pero esos dos grupos se descolgaron del acuerdo a última hora. El PP, por boca de su portavoz de Cultura, José María Lasalle, justificó este descuelgue porque entiende que aún no es necesario pronunciarse ya que el anteproyecto no ha llegado al Congreso para su debate. El PP ha dulcificado mucho su oposición. La introducción de la tutela judicial para el cierre de webs es interpretado como una mejora en la línea de lo que pedía su grupo.