Credibilidad, imparcialidad y sentencias "a la española"

La reciente imputación del Juez Baltasar Garzón, so pretexto de una supuesta prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones cometidas por la mafia franquista, matanza de rivales o asesinato sistemático y premeditado de todo el que no se aviniera a los intereses de los golpistas; es una afrenta que ridiculiza y menoscaba la credibilidad de la justicia española.

Éste fraude consciente y premeditado, a sido urdido para sacar de la circulación a un magistrado que en cumplimiento del ordenamiento jurídico en vigor y los acuerdos internacionales firmados por el Estado español, persigue la localización de los forzadamente desaparecidos; españoles en paradero desconocido, que fueron secuestrados y masacrados por los golpistas como parte de su estrategia, tendente a tomar el poder pistola en mano.

El secuestro y desaparición está tipificado en el ordenamiento jurídico como delito de lesa humanidad y por tanto, no puede ni debe prescribir mientras no se conozca el paradero de las victimas; por esto y en cualquier caso, el periodo de prescripción únicamente podría iniciarse tras la aparición de los restos mortales; condición imprescindible para su prescripción, pues quien a fecha de hoy permanece desaparecido o tiene familiares desaparecidos, está sufriendo dicho delito, infame y detestable, a fecha de hoy.

La invocación de una ley de Amnistía o punto final, sin encaje en la legalidad vigente y que contradice abiertamente los acuerdos internacionales firmados por el Estado, es una demostración palmaria de la ética y altura moral que adornan al magistrado que la invoca mediante filigranas procesales, medias tintas y el consabido lenguaje críptico, a fin de conseguir la suspensión del juez Garzón, el azote de la delincuencia terrorista, ya sea la practicada por los etarras o por los franquistas.

Pretender imponer los intereses de los franquistas por encima de los derechos humanos de sus víctimas, además de ser inmoral (Un contra Díos) es prueba tangible y suficiente de lo falsaria que es la interpretación de la legislación, utilizada por ciertas Señorías para garantizar la impunidad de los saqueadores franquistas; una banda de pistoleros que aun después de muertos, siguen siendo aupados por encima de la ley y la justicia por sus incondicionales.

Estas marrullerías procesales son, en mi opinión, las que mantienen a la justicia española en el más absoluto descrédito internacional

Cuando además, con sus actuaciones el Juez Garzón, persigue la reparación del daño ocasionado a las víctimas, víctimas de sumarios dadaístas y de unos jueces corruptos que enjuiciaron sin garantías procesales, en juicios sumarísimos y usando normas ilícitas, impuestas a mano armada y que subvertían la legalidad vigente; es notorio que la actuación del Juez Garzón, buscaba únicamente la reparación del daño infligido, sin entrar en la depuración de responsabilidades ni en solventar indemnizaciones; cuestión que en vista de la reacción desatada, nos llevaría a concluir que las responsabilidades y los botines han de ser realmente tan notables y rentables como infames, pues los herederos y deudores de los franquistas reaccionan tan furibundamente.

Descrédito internacional de la justicia española:

Estas marrullerías procesales son, en mi opinión, las que mantienen a la justicia española en el más absoluto descrédito internacional; pues todo el mundo sabe lo se cuece, salvo honrosas excepciones, tras la apariencia de legalidad que pretenden, y no logran, proyectar los juzgados españoles.

Unos pocos ejemplos son: La inverosímil velocidad de lectura (que de ser cierta, le abría causado daños neuronales) que dice alcanzar cierto juez valenciano. La impunidad del ex alcalde de Alicante (Por el que don Mariano Rajoy puso la mano en el fuego) con respecto a su, más que probable implicación en la autoría de las "amenazas por carta con bala" (Muy oportunas para sus intereses, por cierto). O la "absolución" de Díaz de Mera, tras mentir en acto publico y sede judicial, con la clara intención de influir en los resultados electorales; engañifa que, por cierto, le reporto un acta de parlamentario europeo en representación del Partido Popular. O la "más que amistad" que cultiva determinado magistrado con cierto y elegantísimo imputado (Por el que don Mariano Rajoy puso la mano en el fuego). O las declaraciones que vomitó cierto magistrado español, apoyando y justificando el reciente golpe de estado en Honduras.

Así y ante ésta retahíla de antecedentes o indicios, los jueces de los países democráticos de nuestro entorno (Que se encuentran fuera del alcance franquista) no aceptan, ni acatan, ni toman en consideración las sentencias de unos jueces que vienen mostrándose más comprometidos con el golpismo vernáculo, que con la verdad, la justicia y la transparencia.

Consecuencias del desprestigio:

Una de las primeras consecuencias de dicho desprestigio, es que posibilita casos como el de la señora Carrascosa, que contando con sentencia de un juzgado español que le otorga la tutela de su hija, se encuentra recluida en una cárcel estadounidense por el secuestro de dicha menor; lo que unido a la total ausencia de respuesta por parte del juez emisor de la sentencia "a la española" y al silencio del Poder Judicial español, viene a poner en evidencia lo ajeno a la verdad, la imparcialidad y la justicia de, por lo menos, dicha sentencia.

El secuestro y desaparición está tipificado en el ordenamiento jurídico como delito de lesa humanidad y por tanto, no puede ni debe prescribir mientras no se conozca el paradero de las victimas

"Mala cosa es tener a un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo" Terencio.