PP cuestiona que la Fiscalía haya investigado "algo" sobre el contrato de alquiler del Gobierno Balear en Son Rossinyol

El diputado del PP en el Parlamento balear José María Rodríguez ha puesto en duda que la Fiscalía haya "investigado algo" sobre el expediente de alquiler por parte de la empresa pública CAIB Patrimoni de un edificio situado en el polígono de Son Rossinyol, después de que el Ministerio Público haya archivado las diligencias que abrió el pasado mes de junio al no apreciar infracción penal alguna en el procedimiento efectuado.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez, quien semanas antes de que la Fiscalía iniciara sus pesquisas había denunciado en el Parlamento balear posibles irregularidades en el proceso, ha eludido reparar en los argumentos esgrimidos por la acusación pública e incluso ha aseverado que si se ha producido algún tipo de anomalía "lo determinarán" la Sindicatura de Cuentas y la Comisión de Investigación aprobada por la Cámara para indagar sobre el contrato de arrendamiento.

"Dudo de que la Fiscalía haya investigado", ha enfatizado el parlamentario 'popular', al recalcar que los investigadores se han basado en los documentos que el consejero de Economía y Hacienda entregó para indagar si se incurrió en las irregularidades denunciadas por el PP en relación con el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni.

Así, el diputado incidió en la necesidad de esperar a que tanto la Sindicatura como la Comisión de Investigación inicien sus análisis, presumiblemente a partir de septiembre, según ha precisado Rodríguez, quien hace varios meses presentó diversas preguntas e incluso una interpelación en las que criticó al Gobierno balear por presuntas irregularidades en el proceso, al "hipotecar a la Comunidad" en casi 100 millones de euros por haber alquilado con opción a compra este edificio, situado en el número 10 de la Calle Corredors de Son Rossinyol.

En concreto, el parlamentario 'popular' aseveró entonces que el Ejecutivo balear destinaría 83 millones de euros para alquilar este inmueble, mientras que aportaría otros 10 millones de euros para garantizarse la opción de compra del edificio, destinado a albergar las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, algunas de las empresas públicas adscritas a este departamento y la Escuela Balear de Administración Pública.

Para el PP, la contratación de este acuerdo se vio envuelta en diversas "irregularidades", como "la falta de publicidad y concurrencia" de la oferta, además de "faltar la publicación del obligado perfil del contratista", tal y como indicó Rodríguez. Asimismo, incidió en que "no se puso en marcha el expediente hasta que el adjudicatario no hubo realizado la escritura de obra nueva, a pesar de que hacía un año que la Consejería de Medio Ambiente había tramitado su petición de espacio".

Sin embargo, Manera defendió de manera reiterada en la Cámara que el edificio del Polígono de Son Rossinyol fue la mejor opción de las cuatro ofertas que se presentaron al anuncio público del Gobierno balear, debido a que ofrecía el mejor precio y el espacio más amplio, teniendo en cuenta que dispone de 24.000 metros cuadrados, lo que supone 10.000 metros más que lo que habían solicitado las consejerías afectadas.