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CyL cifra en un 4% el seguimiento y recuerda que intentó hacer más favorable la reducción salarial

08/06/2010 14:05 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

image La Junta de Castilla y León cifró en cerca de un 4 por ciento el seguimiento de la huelga de empleados públicos convocada por los sindicatos CC.OO, UGT y CSI-F aunque falta aún el turno de tarde, por lo que son datos "parciales".

Así lo afirmó la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, quien recordó que la Junta de Castilla y León con la "mínima capacidad" que tiene ha intentado hacer más favorable para sus empleados públicos la reducción salarial consecuencia de una decisión "unilateral" del Gobierno central sin consultar con las comunidades autónomas ni las entidades locales.

Alonso, en declaraciones a Europa Press, destacó el hecho de que la huelga se haya desarrollado sin incidentes, con el cumplimiento de los servicios mínimos y una adecuada atención a los ciudadanos, algo que es "responsabilidad" de la Administración.

El seguimiento, "cercano" al 4 por ciento ha tenido algo más de incidencia en administración general (oficinas, servicios centrales o delegaciones territoriales, por ejemplo) o educación y menos en sanidad, sector en el que algunos sindicatos no secundaban la convocatoria.

ESFUERZO DE LA JUNTA.

La consejera expresó el respeto a la convocatoria de huelga como ejercicio de un "legítimo" derecho pero al mismo tiempo cree que la incidencia ha sido "más bien baja" porque los propios empleados públicos han valorado la decisión del Gobierno regional de minimizar en la medida de sus posibilidades el recorte salarial decretado.

En este sentido, destacó la demostración de compromiso de los empleados públicos con los ciudadanos y su solidaridad con los mismos.

Por lo que se refiere a las críticas de los sindicatos sobre los servicios mínimos, Alonso recordó que siempre se produce esta situación y que ya es "típico" que haya discrepancias entre la Administración y las formaciones sindicales en este aspecto.

En cualquier caso, aclaró que la Administración tiene la obligación de garantizar la sanidad y la protección de la salud y todos aquellos servicios que se consideren esenciales.


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