La Guardia Civil detuvo este martes a un décimo implicado en la presunta malversación de seis millones de euros durante la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Este décimo sospechoso fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona, tras aterrizar su vuelo procedente de Arabia Saudí, informó a la AFP un portavoz del instituto armado.

Las otras nueve personas fueron detenidas el lunes en una operación simultánea en Barcelona y Madrid, aunque cinco de ellas "fueron puestas directamente en libertad tras ser interrogadas", precisó esta fuente.

La trama, integrada por funcionarios de Adif (ente público que gestiona la red ferroviaria española) y la empresa contratista Corsán, presuntamente incrementó las facturas de las obras en Barcelona de la línea de alta velocidad que une Madrid con la capital catalana y Francia, explicó el lunes la fiscalía anticorrupción.

Esta estratagema supuestamente generó un ilícito sobreprecio de seis millones de euros a la constructora Corsán, que según la fiscalía pagó "contraprestaciones económicas" a los funcionarios de Adif que accedieron a falsificar las cifras.

Adif, cuyas sedes en Barcelona y Madrid fueron registradas el lunes, suspendió cautelarmente de funciones y responsabilidades a sus cuatro trabajadores implicados, al mismo tiempo que aseguró que la empresa "viene colaborando desde el pasado verano con la investigación judicial abierta".

Además, la gestora de la red ferroviaria abrió una auditoría técnica sobre los tramos bajo sospecha, cuyos trabajos fueron adjudicados en febrero de 2008 y finalizados en 2011.

Por su parte, el Ministerio de Fomento, del que depende Adif, también emprendió una auditoría para "revisar todo el procedimiento de esta obra que está siendo investigada", explicó a la AFP una portavoz ministerial.

Este escándalo salpica de lleno en la joya de la corona de la obra pública española: su amplia red ferroviaria de alta velocidad, la segunda mayor del mundo, con 3.100 kilómetros en servicio, que ahora quiere exportar a otros países, especialmente a Brasil.

Desde su puesta en marcha en 1992, con la línea entre Madrid y Sevilla, España ha invertido 45.120 millones de euros en la alta velocidad, una apuesta que ha mantenido incluso en los últimos años de crisis y austeridad presupuestaria.