"La vía unilateral no puede dar una respuesta. La vía adecuada es la escocesa", comentó el exconseller de Justicia, Carles Mundó, ante el juez Pablo Llarena. Mundó, como el resto de imputados por el 1-O, mantuvo una línea de defensa de actuación dentro del marco constitucional, tal y como reflejan las declaraciones ante el Tribunal Supremo a las que han tenido acceso La Vanguardia y El Español.

Mundó, que renunció a su acta y abandonó la política el pasado mes de enero, fue uno de los más tajantes: "Creo que las cuestiones de naturaleza política, como por ejemplo la necesidad de que un territorio declare su independencia, sólo se pueden formular en el marco político del diálogo, de la negociación y del pacto", le dijo a Llarena.

Preguntados por si "renuncian a actuar fuera del marco constitucional", los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull a respondieron afirmativamente. "El marco constitucional puede permitir, si hay voluntad política, llegar a un acuerdo para dar salida a las ambiciones que hay en Catalunya", añadió Turull. A su vez, el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad reconoció que aceptaría las futuras decisiones del Tribunal Constitucional y que "agotaría todas las vías jurídicas".

También se mostró negociador el exconseller de Exteriores, Raül Romeva: "Esa actividad política, ¿cree que discurrirá dentro del marco constitucional?", interrogó la defensa. "Sí, es perfectamente posible", afirmó Romeva. "Creo que en esta próxima legislatura vamos a tener que hacer mucho de eso, mucho diálogo, mucha negociación, mucho pacto", añadió.

Por su parte, el exvicepresident Oriol Junqueras, preguntado por si se plantea declarar una DUI en la próxima legislatura, contestó: "Lo que nosotros nos planteamos es buscar los mejores acuerdos posibles, hacer las mejores negociaciones posibles. Estamos convencidos de que hay recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución y de sus posibles interpretaciones".

En la misma línea actuaron los expresidentes de Ómnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. A Cuixart se le preguntó por su defensora si "se compromete a actuar conforme a la legalidad dentro del marco constitucional". "Sí, me comprometo", dijo. "¿Apoyaría usted una DUI si se produjera?", le preguntaron. "No, si no es en el marco de un acuerdo con el Estado", respondió.

A Jordi Sánchez se le preguntó si, en caso de ser elegido diputado ?como finalmente ha sido, bajo las siglas de Junts per Catalunya?, ejercería su actividad política "renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional". "No podría ser de otro modo, porque no podría ni tomar posesión del escaño", comentó el expresidente de la ANC.

Por su parte, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, negó ante el Supremo que se utilizaran a los Mossos d'Esquadra para favorecer la celebración del referéndum y para alcanzar la independencia. Incluso, acusó al coronel de la Guardia Civil designado por el Ministerio del Interior para coordinar a los tres cuerpos policiales, Diego Pérez de los Cobos, de no acudir a las reuniones programadas con el cuerpo autonómico de policía.

Estas declaraciones ante el juez Pablo Llarena se produjeron mientras Junqueras, Turull, Rull, Cuixart, Romeva, Forn y Sánchez se encontraban en prisión. Desde el independentismo se defendió la idea de que los encarcelados respetaran, como Forcadell, el marco jurídico español. El propio Artur Mas defendió que los encarcelados, en su estrategia de defensa, "digan lo que tienen que decir para cumplir el objetivo: salir de la cárcel". Actualmente, siguen en prisión Sánchez, Cuixart, Junqueras y Forn, que renunció a su acta de diputado.