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La defensa de la gitana a la que negaron la pensión de viudedad denuncia en Estrasburgo que "en España aun se discrimina"

26/05/2009 20:18 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) estudió hoy el caso de una ciudadana española a la que la Seguridad Social le negó la pensión de viudedad por estar casada por el rito gitano que no reconoce el Código Civil. Durante la vista, la abogada de María Luisa Muñoz Díaz, conocida como 'la Nena', denunció ante el tribunal que "en España aun se practica la discriminación por considerar los ritos gitanos como algo folclórico".

"Yo les quería dar las gracias por haberme escuchado, darles las gracias por haber estado aquí con todos ustedes, muchas gracias", dijo 'La Nena' en su única participación a la conclusión de las casi dos horas que duró la vista.

Antes de esta declaración, su abogada Magdalena Queipo de Llano expuso que su cliente solicitó esa pensión de viudedad "debido a sus problemas económicos". A partir de ahí, basó su línea de defensa en demostrar que los tribunales españoles habían incurrido en una "interpretación errónea" de la Ley de Seguridad Social al excluir lo que calificó como los "matrimonios de buena fe", en referencia al contraído por su representada según la tradición gitana.

"Este dato es esencial porque María Luisa nunca ha tenido consciencia de la inexistencia de su matrimonio, o dicho de otro modo, siempre ha creído en la existencia de su matrimonio, España debió tener en cuenta la buena fe de María Luisa", enfatizó la abogada.

Por su parte, el representante del Estado, Ignacio Blasco Lozano, fue el primero en tomar la palabra para defender ante el tribunal presidido por el magistrado andorrano Josep Casadevall que la recurrente no cumple los requisitos legales que para cobrar esa indemnización de viudedad. "Su matrimonio no puede ser reconocido ya que no estaba reconocido por la ley", alegó el abogado.

"La pregunta es si los matrimonios recogidos por la Ley se pueden considerar igual de válidos ante la propia ley que los matrimonios celebrados bajo las tradiciones gitanas y lo cierto es que la legislación española no lo considera así", expuso el abogado, quien añadió que en España además de la uniones civiles también se celebran matrimonios religiosos católicos, protestantes, islámicos o judíos, por lo que la ley española no presenta obstáculos para casarse".

"NO SÓLO ES CONSENTIMIENTO"

"El matrimonio no es sólo una cuestión de consentimiento y convivencia, eso no es suficiente para considerarlo como tal", sentenció Blasco Lozano quien reiteró que los derechos de la recurrente no han sido vulnerados durante los más de treinta minutos que duró su exposición.

Durante la vista también intervino el presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, quien comenzó agradeciendo "profundamente la oportunidad que se le da no ya a la unión romaní, sino al pueblo gitano para expresarse ante la corte más importante en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

"No voy a entrar en la interpretación legal de este caso porque ya lo han hecho de manera acertada mis compañeros, yo sólo voy a tratar de explicar que para nosotros los gitanos nuestros matrimonios existen desde que un hombre y una mujer deciden vivir juntos", aseguró el representante de la Unión Romaní, quien relató como "María Luis y Mariano un buen día cuando eran dos jóvenes gitanos se miraron a los ojos y se declararon enamorados".

"MÁS CASADA QUE LA DUQUESA DE ALBA"

En declaraciones a Europa Press Televisión, Muñoz Díaz, más conocida por sus allegados como 'la Nena', ha afirmado que ella está "más casada que la Duquesa de Alba ante Dios y ante los hombres".

En el caso de que Estrasburgo le dé la razón --la sentencia aún tardará algún tiempo en salir ya que hoy el tribunal se limitó a escuchar a las partes en una vista oral-- recibirá más de 60.000 euros en concepto de atrasos de la pensión de viudedad que reclama, con los que asegura que tapará "cráteres". "Pagaré mi casita y ayudaré a mis niños", afirma esperanzada.

María Luisa Muñoz Díaz, nacida en 1956 y residente en Madrid, se casó con su marido en 1971 y tuvo con él seis hijos, que registraron en el libro de familia y por los que obtuvieron en 1986 el reconocimiento de familia numerosa.

El esposo de Muñoz Díaz, un albañil que cotizó a la Seguridad Social durante más de 19 años, falleció en el año 2000. Ella solicitó entonces una pensión de viudedad, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social no se la concedió argumentando que, bajo la legislación española, ella no era la mujer de su esposo, según ha informado el Tribunal en una nota de prensa.

Muñoz Díaz recurrió la decisión de la Administración española ante los tribunales y un juez de Madrid dictaminó en 2002 que la demandante tenía derecho a una pensión de viudedad y que la decisión de la Seguridad Social constituía un trato discriminatorio por razones étnicas hacia su persona.

Tras un recurso presentado por la otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la decisión del primer juez al sentenciar que la pareja se había casado por un rito que no tenía efecto sobre el estatus civil ni se ajustaba a la legislación.

Muñoz Díaz presentó entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó en 2007 al considerar que la pareja había optado por no formalizar legalmente su unión, a pesar de haber tenido la libertad para hacerlo.

DECISIÓN DEL TC

El TC también señaló la necesidad de limitar las pensiones de viudedad a aquellos que estén casados legalmente, en un contexto de recursos sociales limitados. No obstante, uno de los jueces del tribunal que analizaron su caso argumentó que para garantizar la igualdad de las minorías étnicas eran necesarias medidas de discriminación positivas.

Bajo su punto de vista, era desproporcionado negarle la pensión a Muñoz Díaz, teniendo en cuenta que su marido e hijos figuraban en el libro de familia, que les habían reconocido la condición de familia numerosa y que su esposo había cotizado más de 19 años a la Seguridad Social.

Ese mismo año (2007) la demandante presentó su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la institución que garantiza a más de 800 millones de europeos el derecho a un último recurso y que está adscrita al Consejo de Europa.


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