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Las defensas ponen en duda archivos contables

20/10/2010 18:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Las defensas de los acusados en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), han puesto en duda que los archivos de la empresa Maras Asesores, donde aparecen anotaciones contables de presuntos cobros y pagos con iniciales que se asocian a algunos procesados, no pudieran ser alterados, al considerar que se ha roto la cadena de custodia.

El letrado Hipólito Marín, que representa a la ex edil del Partido Andalucista (PA) María José Lanzat, ha solicitado realizar en la octava sesión del juicio una demostración práctica consistente en el visionado de las fechas de grabación y modificación del CDrom con dichas anotaciones y en introducir nuevas iniciales en el archivo, en concreto las suyas, las del fiscal y las de los magistrados del tribunal.

Tras practicar esta prueba, el abogado ha considerado que, a su entender, "está acreditado que no hay garantías de que las anotaciones de los archivos Maras no pudieran ser alteradas por nadie", al menos hasta junio de 2006, fecha hasta la que el archivo, ha dicho, era "tratable", apuntando que el soporte estuvo "más de cuatro meses fuera de la custodia judicial".

Por esto, ha pedido la nulidad del CDrom que contiene estas anotaciones contables por considerar que "no se ha respetado" la cadena de custodia y ha insistido en que esa prueba "no contiene la garantía de integridad e intangibilidad necesaria", aunque ha expresado que no "ninguna duda" de "la honestidad ni profesionalidad" de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Algunos de los presentes en la sala aplaudieron al término de la exposición. A este respecto, la defensa del también ex edil Rafael González, Ernesto Osuna, ha asegurado que "una imagen vale más que mil palabras" y ha destacado que la intervención del anterior letrado "no sólo ha ido a decir dónde está la nulidad de la prueba sino que más allá, de forma clara, nos ha mostrado el fundamento de esas acusaciones".

Este abogado ha reiterado la práctica de una pericial, ya solicitada y que fue rechazada, para que dos informáticos entraran en los ordenadores del juzgado instructor y verificaran las fechas de los archivos de la causa, el funcionario que los creó y si la carpeta es propia del sistema o si está importada de otro, con el fin de comprobar las autorizaciones de las intervenciones telefónicas.

A esta alegación sobre la presunta vulneración de la cadena de custodia de los documentos, ya apuntada el pasado lunes por el letrado Pablo Luna, que representa a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, se han sumado otras defensas.

VULNERACIONES

En la octava sesión, el letrado Hipólito Marín también ha asegurado, a nivel general, que hubo "detenciones instrumentales, espectaculares e innecesarias" y ha apuntado el "deseo de dar imagen de eficacia en la lucha contra la corrupción" que existió en este procedimiento.

Ha aludido a "la amenaza" de la prisión provisional para "arrancar confesiones y declaraciones inculpatorias", aunque en el caso de su cliente, ésta "dijo que no" había cobrado dinero del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, lo que, en su opinión, "le costó cuatro meses en prisión provisional".

Así, ha considerado que este trámite de cuestiones previas es "test de constitucionalidad al proceso en su fase de instrucción" y "una oportunidad jurisdiccional para corregir las importantísimas infracciones acaecidas con relevancia para los derechos fundamentales de los acusados"; además de suponer una ocasión para hacer "una limpieza mental y física".

No obstante, ha dicho ser consciente de que muchas de estas cuestiones ya fueron planteadas con anterioridad y en la mayoría de los casos se ha ido "dando respaldo al juez instructor", aunque ha apuntado que con la visión conjunta que hay ahora, junto a "la profesionalidad y solidez jurídica" del Tribunal "harán bueno lo que ya he visto que se está pidiendo, que la Sala esté a la altura de las circunstancias".

"Estoy seguro de que la Sala sabrá señalar, acabar y corregir lo que de excepcionalidad jurídica constitucional ha tenido la tramitación de este caso durante toda su fase de instrucción", ha manifestado Marín.

VULNERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

En este contexto, la defensa del ex edil de Marbella José Luis Fernández Garrosa, el letrado Primitivo de la Quintana, se ha referido al "desorden, al caos, a la instrucción de tipo fascistoide que ha habido aquí" y ha considerado que se ha vulnerado "la Constitución, que es lo más sagrado".

El abogado ha asegurado que en este caso "se vulnera lo más importante, que es la Constitución, la madre de todo" y ha señalado que "si se vulnera esto, se vulneran todos los derechos". Ha destacado la labor del segundo instructor de la causa y de la Sala, que se enfrenta "a un gran marrón" y a la que ha pedido "piedad y respeto a la Constitución, artículo por artículo".

Ha apuntado "lo difícil que tiene que ser para esta Sala actuar sin estar presionados por el montaje que hay ahí fuera" y ha manifestado que si el proceso se para "están ustedes que tienen que ir a vivir a Inglaterra". Ha considerado que "la prensa del corazón es la que ha montado este asunto", aludiendo también a "la Policía, los hombres de Harrelson"; y "un juez que se dice jefe de la Policía".

El letrado ha explicado la detención de su cliente, en la que "los hombres de Harrelson" detuvieron primero a la mujer del ex edil "sin razón alguna" y luego "al estilo americano" a su cliente, al que "le dicen: quietecito". Calificó esta situación de "tortura", aunque posteriormente lo tuvo que retirar ante una nueva advertencia del presidente del Tribunal, José Godino.

Ha criticado que a su patrocinado "lo meten en la cárcel durante cuatro meses, porque hay unas siglas" y ha indicado que éste "se retractó de todo lo que se vio obligado a decir en la primera declaración". A su entender, se cumplen todas las condiciones para la nulidad, además, porque "faltan documentos, que no sabemos si son fundamentales ni dónde están".

Por su parte, la defensa de la ex edil socialista Belén Carmona ha asegurado que para todos los letrados "algo huele mal" en la primera fase de instrucción y ha manifestado que se vulneraron "todos los derechos fundamentales". El abogado Pablo Lasso ha apuntado que las cuestiones previas deben ser atendidas "como tal, sin tener en cuenta si hubo recursos anteriores".

Ha explicado que seguramente "las acusaciones dirán que no ha habido ninguna resolución que no haya sido recurrida", con lo que "nos encontramos con que todas las cuestiones previas relativas a vulneración de derechos fundamentales lo más seguro no van a ser admitidas", pero ha añadido que "no creo que una Sala tan experimentada deba caer en la simpleza de que ya hubo en su día recursos resueltos".


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