La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género defiende que no ha cometido ninguna ilegalidad en contrataciones

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha defendido este viernes, con motivo del informe del Tribunal de Cuentas en el que revela deficiencias en los procedimientos de contratación de este organismo en los años 2008 y 2009, que "no se ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad" y que "todos" estos procedimientos "están regulados en la Ley de Contratos del Sector Público".

En un comunicado, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género --que en octubre de 2010 pasó de depender del Ministerio de Igualdad al de Sanidad, Política Social e Igualdad--, explica que el Tribunal de Cuentas en su informe "no hace ninguna petición de responsabilidades", sino "una serie de recomendaciones técnicas y administrativas, atendiendo al volumen de trabajo que soporta y la urgencia de las actuaciones que deben llevarse a cabo en la lucha contra la violencia de género".

También explica que los contratos revisados corresponden en su mayoría al ejercicio 2008, "año de cambio de Legislatura y, por lo tanto, de ajustes y adaptación a las nuevas estructuras departamentales". Asimismo, defiende que el Tribunal de Cuentas refleja en su informe que "en 2009 se subsanaron y corrigieron" las deficiencias administrativas detectadas en el ejercicio anterior.

En cuanto a la distribución por sexos de los puestos de trabajo en la Delegación --94, 7% de mujeres y 5, 2% de hombres--, aclara que el personal funcionario de la Administración General del Estado se cubre a través de las solicitudes de traslado efectuadas por los propios funcionarios atendiendo a sus preferencias de destino. "En cualquier caso, valoramos positivamente el interés demostrado por el Tribunal de Cuentas sobre la representación equilibrada de hombres y mujeres", subraya.

Por último, indica que el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer cumple sus funciones "con absoluta normalidad" y reconoce que la celebración de las elecciones y la conformación del nuevo gobierno "condicionó puntualmente el número de reuniones, pero no así el desarrollo de sus funciones".