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El delegado niega haber una instrucción ilegal pues no conculcó la capacidad de decisión de los policías

12/08/2009 17:47 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

El delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, negó hoy que diese una instrucción ilegal al jefe superior de Policía en relación con las condiciones en que fueron puestos a disposición judicial cinco de los detenidos por el caso Palma Arena, sino que se limitó a recordarle que los agentes podían valorar "la conveniencia o no" de engrilletarles, por lo que "no conculcó la capacidad de decisión de los efectivos policiales responsables".

Así lo puso de manifiesto Delegación de Gobierno en un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones efectuadas hoy por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que exigió la dimisión de Socías por emitir una orden "ilegal" y pedir que los cinco arrestados no fuesen esposados, un mandato que, según el SUP, "vulnera" el protocolo establecido por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.

Ante estas acusaciones, desde Delegación de Gobierno alegaron que Socías recordó la aplicación de la instrucción 12/2007 del protocolo sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en torno a los arrestados. Asimismo, recordaron que la instrucción 9 establece que el agente que practique la detención o conducción, en atención a factores como las características del delito o la actitud del detenido, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la reputación del detenido.

Al mismo tiempo, también determina que los traslados se realizarán proporcionando al detenido un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales que sea compatible con las incomodidades que pueda requerir la seguridad de la conducción. Además, "se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se le imputan, la duración del recorrido y cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir".

Es por ello que el representante del Ejecutivo central en las islas justificó que no se trata de ninguna instrucción ilegal, sino de recordar que en el caso de estos cinco detenidos, entre los que se encontraban el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Duran, y el ex director general de Deportes del Govern, 'Pepote' Ballester, "tanto por la notoriedad del mismo como por la personalidad de los detenidos, su ausencia de peligrosidad, el escaso riesgo de fuga y las consecuencias que sobre sus derechos fundamentales podría tener, una u otra manera de conducción permitían que la misma se hubiese realizado sin esposamiento".

Al dar esta instrucción al Jefe Superior de Policía no se conculcaría la capacidad de decisión de los agentes responsables por parte del delegado, tal y como incidieron desde la Delegación del Gobierno.

INCOMPRENSIBLE ACTITUD DEL SUP

Por otra parte, consideraron "incomprensible" el cambio de actitud del SUP ya que en los primeros momentos tras la conducción expresaron su indignación por la forma en que realizó la misma, contra los superiores jerárquicos responsables de aquello, "tachándola de impropia de un estado democrático ya que se vulneraron los derechos de los detenidos", cuando precisamente lo que se hizo desde los mismos mandos "fue, siguiendo el espíritu de la instrucción, procurar que en ningún caso se diera ni un espectáculo mediático ni se atentara contra la honorabilidad y dignidad de las personas imputadas en su conducción a los juzgados".

En relación a las declaraciones del PP, señalaron que tanto la ex portavoz del PP en Palma como la Presidenta del PP balear "conocían de primera mano cuáles habían sido las indicaciones que tanto desde Delegación de Gobierno como de la Jefatura Superior de Policía se habían hecho". Por este motivo, consideraron que es "todavía más incomprensible su actitud si no es porque la misma esconde el interés de desviar la atención de lo que es realmente el fondo del asunto, como es la imputación judicial de los responsables del Consorcio Palma Arena".


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