Podría demorar hasta un año extradicción de Portillo

La extradición de Alfonso Portillo a Estados Unidos podría demorar hasta un año, luego que un tribunal decidió que el ex presidente guatemalteco sea juzgado en ese país. En su resolución, el Tribunal Quinto de Sentencia indicó que Portillo, acusado en Estados Unidos de conspiración y asociaciones delictuosas por lavado de dinero, primero debe someterse a un proceso judicial en Guatemala. La decisión determinó que el ex gobernante guatemalteco sea procesado por el uso ilegal de más de 16 millones de dólares provenientes del Estado, durante su pasada gestión (2000-2004). En los siguientes tres días, el procesado apelará la decisión de extraditarlo. "No nos hemos dado por vencidos", dijo al final de la audiencia, antes de ser escoltado por 15 radiopatrullas de la policía hacia la cárcel. Portillo se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 26 de enero, luego que un juez local concedió la orden de captura con fines de extradición pedida por Estados Unidos. El abogado Telésforo Guerra, quien encabeza la defensa de Portillo, reiteró en la audiencia que la parte acusadora no ha presentado pruebas irrefutables de sus acusaciones y la Constitución de Guatemala no contempla la extradición de un ciudadano bajo los argumentos de Estados Unidos. Por su parte, el ex presidente, en una corta intervención final, sostuvo que la fiscalía "ha demostrado la mala fe con que se conduce" al pedir que este tribunal guatemalteco "aplique a la fuerza una convención internacional contra la corrupción" de reciente entrada en vigencia. En la audiencia, que se prolongó más de siete horas, Portillo afirmó que su gestión salvó a Guatemala de una crisis económica sin precedentes y acusó a Estados Unidos de conspirar. Ante los jueces, el ex gobernante detalló las acciones económicas de su gobierno, relacionadas a las acusaciones de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Portillo argumentó que las transferencias del gobierno son habituales. Citó como ejemplo los "adelantos" de fondos de parte del banco central al sistema bancario privado guatemalteco que de 1992 a 2000 ascendió a más de cuatro mil 330 millones de quetzales (unos 541 millones de dólares). El ex gobernante negó ante los magistrados que haya favorecido a tres bancos privados y puntualizó que su gobierno (2000-2004) decretó la quiebra y cierre de esas instituciones que eran manejadas por sus directivas de manera "gangsteril". Aseveró que su extradición es una venganza y una conspiración en la que participan el español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, entidad de Naciones Unidas) y la embajada de Estados Unidos. Aseguró que Estados Unidos impulsa su procesamiento por motivos "eminentemente políticos" y como una revancha debido a que su gobierno se negó a apoyar la invasión estadunidense a Irak. Portillo señaló que fue "el único presidente" que no firmó la carta y que rechazó la invasión decidida por el entonces presidente George W. Bush, quien instó a los países latinoamericanos a respaldar la opción militar, y "eso me lo están cobrando".